Pandillas provocan éxodo de familias en un cantón del municipio de San Julián, Sonsonate

El alcalde de la localidad, quien acompañó en un recorrido por el lugar a personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada, confirmó la situación al noticiero Teleprensa.

Imagen de referencia. Las pandillas han provocado el éxodo de familias en diversos puntos del país, el hecho más reciente es el registrado en San Julián, Sonsonate. Foto/ Archivo

Por L. Alas/ Agencia EFE

Sep 06, 2020- 21:40

Al menos seis familias han abandonado sus viviendas durante esta semana en el cantón Peña Blanca del municipio de San Julián, en el departamento de Sonsonate, tras recibir amenazas de presuntos pandilleros, confirmaron este domingo al noticiero Teleprensa las autoridades locales y policiales.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y militares desarrollaron este domingo un operativo en el sector, donde delinque la Mara Salvatrucha, luego que el sábado circularan fotografías de personas que huían de sus residencias.

El alcalde de San Julián, Manuel Engelhard, quien acompañó el procedimiento para verificar cómo estaba la situación, afirmó que trabajará porque en el sitio se instale un puesto policial, para que los lugareños que han huido “puedan regresar y que tengan confianza de que no les va a pasar nada”.

Al ser interrogado sobre cómo es el ambiente en la zona manifestó que “no es que sea conflictiva”, pero que al lugar han emigrado algunos pandilleros.

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“Andan como tres personas que son las que andan molestando, intimidando a la gente, no es que esta zona sea conflictiva, aquí hay gente de trabajo, gente del campo, pero lamentablemente aquí se han venido a refugiar (pandilleros) y anda sembrando zozobra en las familias, en lo que es aquí Peña Blanca”, señaló en declaraciones a Teleprensa.

El equipo del medio televisivo que constató el hecho publicó imágenes que muestran el momento en que policías y soldados realizan un patrullaje por el cantón.

Durante el operativo, las autoridades reportaron la retención de por los menos dos sospechosos en vías de investigación.

La PNC indicó al noticiero televisivo del canal 33 que “es la primera vez que ocurre” un éxodo en el cantón Peña Blanca. El último que tenían en sus registros fue el que sucedió en 2015 en el municipio de Caluco, siempre en el departamento de Sonsonate.

Este éxodo de familias se conoce luego de que el periódico digital El Faro revelara las presuntas negociaciones del gobierno de Bukele con la MS-13.

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En enero pasado, la Asamblea Legislativa aprobó una ley para la protección de las víctimas y restitución de derechos.

La aprobación de esta legislación especial se dio tras un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2018.

Dicha resolución judicial, que estableció que el sistema de protección de víctimas de violencia era “anacrónica, restringida y deficiente”, se dio en respuesta a una recurso de amparo presentado en 2017 por una familia que fue víctima de las pandillas y de la Policía.

“El desplazamiento forzado interno en El Salvador encuentra como principales determinantes los altos índices de victimización, territorios con tejido social frágil, el control territorial por grupos criminales, así como las amenazas que obligan a las personas a abandonar sus hogares”, reconoce la ley.

La normativa también contempla la creación de un registro único de personas desplazadas por la violencia, con lo que el Gobierno generará cifras oficiales del fenómeno.

El único dato oficial que se maneja en al actualidad es que el 1.1 % de la población salvadoreña “ha sido forzada a desplazarse” entre 2006 y 2016, porcentaje que representa a más de 70,000 personas.

Esta cifra fue dada en declaraciones a la prensa por la jefa de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el país, Elisa Carlaccini, en noviembre de 2018.

Por otra parte, una encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) estima que el 5.2 por ciento de la población adulta de El Salvador se desplazó por la violencia en 2018. Este dato equivale a más de 235,700 personas.

Cristosal y otras dos organizaciones sociales atendieron en 2019 a más de 600 víctimas.

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