El ex fiscal anticorrupción German Arriaza reveló a la agencia de noticias Reuters que el gobierno de Nayib Bukele cerró la investigación que llevaba la unidad que dirigía sobre las supuestas negociaciones que mantenía con las pandillas criminales para ayudar a expandir su poder a cambio de reducir los homicidios, mientras Estados Unidos intensifica la presión sobre la administración Bukele.
Arriaza, quien fue destituido de la referida unidad por el fiscal general Rodolfo Delgado, aseguró que el equipo de fiscales que dirigía "recopiló evidencia documental y fotográfica de que el gobierno de Bukele llegó a un acuerdo con las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en 2019 para reducir las tasas de asesinatos y ayudar al partido gobernante Nuevas Ideas a ganar las elecciones legislativas en febrero".
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Por primera vez, un exfiscal salvadoreño acusa públicamente al gobierno de Bukele de negociar con esos grupos criminales que son los responsables en su mayoría de los asesinatos y extorsiones que ocurren en el país, señala el artículo de Reuters escrito por Sarah Kinosian.
"El fin de la investigación de Arriaza y su huida al exterior no se han reportado antes", señala Kinosian en su artículo.
La separación del exfiscal Arriaza se produjo en mayo pasado, luego de que los diputados de Bukele y sus aliados destituyeran de manera ilegal a los cinco magistrados constitucionalistas y al entonces fiscal general, Raúl Melara.
Kinosian cita a Arriaza, a una fuente de la Fiscalía General y a dos funcionarios de la justicia estadounidenses para señalar que las investigaciones fiscales de las supuestas negociaciones del gobierno con las pandillas llegaban a su fin.
El exfiscal Arriaza reveló que tuvo que salir exiliado de inmediato al igual que los otros integrantes del Grupo Especial Antimafia (GEA) por temor a represalias de parte del régimen.
"Nuestras investigaciones fueron las que llevaron al gobierno a disolver el organismo anticorrupción", dijo Arriaza desde un lugar fuera de El Salvador que le pidió a Reuters que no revelara.
La agencia Reuters señala que se contactaron a las oficinas de prensa de la Fiscalía General y de la Presidencia de la República para pedir sus comentarios sobre el trabajo de Arriaza y el destino de la investigación. Sin embargo, ninguna de esas oficinas respondieron a las solicitudes de Reuters.
Bukele ha negado con frecuencia las informaciones de medios de prensa y las acusaciones de la oposición política de que negoció una tregua con las pandillas.
El exfiscal Arriaza elaboró un informe de la investigación que comenzó en el año 2020 junto a sus colaboradores en el que incluye escuchas telefónicas, imágenes de cámaras de seguridad, fotografías, documentos incautados y discos duros.
Arriaza señala que las evidencias anteriores demuestran como el viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín "ingresaron a las cárceles para negociar una tregua encubierta con las pandillas", destaca el artículo.
Kinosian señala en su artículo que "Arriaza dice que su unidad descubrió que Luna y Marroquín, el jefe de una agencia de bienestar social del gobierno, ofrecieron a las pandillas mejores condiciones carcelarias, dinero y otros beneficios a cambio de que redujeran las tasas de homicidio y dieran apoyo electoral al partido de Bukele en las elecciones legislativas de febrero".
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Reuters obtuvo una parte del informe independiente de 129 páginas de Arriaza. Funcionarios estadounidenses confirmaron que el documento que fue divulgado públicamente por primera vez en agosto pasado por el periódico digital El Faro es auténtico.
El 8 de diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó las negociaciones del gobierno de Bukele con las pandillas e impuso sanciones a Luna y a Marroquín.
Además, un grupo de trabajo del Departamento de Justicia de Estados Unidos que combate a la pandilla MS en Estados Unidos, prepara cargos contra los dos funcionarios salvadoreños por su presunto papel en las negociaciones, dijeron dos fuentes también a Reuters.
Arriaza asegura que el fiscal Delgado le preguntó sobre investigaciones que llevaba contra el gobierno
German Arriaza, quien fue fiscal auxiliar por 18 años, aseguró a Reuters que fue llamado por el fiscal Delgado a una reunión el 5 de mayo pasado. En esa reunión, Delgado le preguntó "qué casos estaba llevando su unidad contra el gobierno".
El exfiscal le enumeró las investigaciones, en las que incluía las supuestas negociaciones con las pandillas, pero horas después le notificaron que había sido removido de su cargo y era trasladado a la escuela de fiscales como asesor.
Aseguró que también se le prohibió a entrar a su oficina, a la computadora asignada y a los archivos inmediatamente después de la referida reunión.
Reuters señala que no se pudo contactar al fiscal Delgado para tener su reacción al respecto.
Ese mismo día (5 de mayo) tuvo que salir fuera del país para vivir en el extranjero por temor a represalias por parte del gobierno salvadoreño por las investigaciones que realizó su equipo.
"Fui fiscal del gobierno durante más de 18 años, he procesado casos de corrupción en todo el espectro político (políticos, jueces, policías, pandilleros, narcos), pero esta es la primera vez que sentí que tenía que irme", dijo Arriaza a Reuters.
La agencia Reuters destaca que el informe presenta "transcripciones de los fiscales de supuestos mensajes de audio de los teléfonos de los pandilleros, demandas escritas a mano supuestamente de las pandillas, anotaciones en el libro de registro que detallan los presos que supuestamente se reunieron los funcionarios del gobierno".
También están documentados los supuestos intentos de Luna de destruir pruebas de las reuniones en prisión.
Están incluidas imágenes de las cámaras de seguridad en las que supuestamente el director Luna ingresa en varias ocasiones a dos cárceles acompañado de personas cuyos rostros estaban ocultos por un pasamontañas.
Los investigadores identificaron a una de esas personas enmascaradas como Marroquin, señala la presentación, según Reuters.
En el informe preparado por el equipo de fiscales que dirigía Arriaza también detalla las investigaciones sobre la malversación de fondos penitenciarios y el gasto ilícito en la cuarentena obligatoria por la pandemia del Covid-19 en varios ministerios del gobierno.
No especifica si también esas investigaciones fueron cerradas por el gobierno de Bukele.