El Diario de Hoy habló con el especialista en violencia de pandillas, Carlos Ponce, quien hace un análisis del alza de homicidios por parte de las pandillas y a las medidas implementadas el gobierno de Bukele.
¿Qué opinas del repunte de homicidios?
El reciente repunte de homicidios tiene muchas similitudes con los registrados en los últimos años. El incremento al parecer no es sostenido sino que episódico pero amplio, lo que sugiere que involucró un nivel elevado de coordinación y perseguía un objetivo concreto.
En el pasado, este tipo de aumentos ha sido vinculado a quiebres en la negociación entre el gobierno y las pandillas, la cual ha sido documentada en diversas investigaciones periodísticas y la base sobre la que Estados Unidos señaló y sancionó a varios funcionarios públicos salvadoreños.
Este tipo de episodios violentos es común en países en los que el Estado establece negociaciones clandestinas con grupos criminales para controlar la violencia. La negociación entre las partes es constante y requiere de recalibraciones. El incremento súbito de los hechos violentos sirve como mecanismo de presión y ubica a la contraparte criminal en un posición privilegiada en el contexto de la negociación.
¿Qué valoración haces de las medidas del gobierno, cercar las comunidades donde supuestamente hay pandilleros?
Las medidas adoptadas por el gobierno ante el repunte de homicidios busca tener el mayor impacto mediático, lo cual generalmente no involucra un impacto real. Esto es típico de los Estados que entran en negociaciones con grupos criminales.
Los funcionarios adoptan un discurso punitivo y prometen ser inclementes con los delincuentes mientras negocian en secreto con ellos. La impunidad, corrupción y falta de transparencia facilitan el establecimiento de este tipo de acuerdos clandestinos. Desgraciadamente, El Salvador está en su peor momento con funcionarios señalados por presuntos actos de corrupción y falta de transparencia incluso en el extranjero.
Cercar las comunidades es una estrategia burda y difícilmente el resultado de un análisis exhaustivo y sofisticado del problema. Esto no debilita la configuración estructural de la red delictiva detrás de la resiliencia de las pandillas en el país. Peor aún, propicia un acercamiento más fuerte entre los residentes de esas comunidades y las pandillas. Los policías son ajenos, extraños para los residentes y, por lo tanto, vistos con desconfianza. Los cercos incrementan la probabilidad de que existan interacciones negativas y abusos, lo que genera más desconfianza en las autoridades y fortalece el rol que juegan las pandillas en la dinámica comunitaria.
¿Qué lectura haces de que se enfrenta a la pandilla pero no se extraditan a cabecillas como el Blue y el Manicomio?
El enfrentamiento con las pandillas parece ser, de nuevo, hecho para las cámaras. Alternativamente, podría ser también episódico, una respuesta al repunte de homicidios que busca equilibrar la posición del Estado en la negociación. Abandonar la negociación no es una opción para un gobierno adentrado en un pacto en el que la gobernanza es compartida con grupos delictivos.
¿Para qué un estado de excepción?
Desde un punto de vista criminológico, un estado de excepción no constituye a una solución técnica a un problema como las pandillas. En lugar de debilitarlas puede causar precisamente lo opuesto. A los gobiernos que comparten la gobernanza con grupos criminales les conviene que estos estén robustos.
Los verdaderos motivos detrás del estado de excepción aún no están claros. Existen varias especulaciones sobre por qué las autoridades quieren coartar algunos derechos fundamentales. Todas están asociadas con el manejo mediático del momentos críticos para avanzar un proyecto autoritario.