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Los cuatro países que perdieron el rumbo democrático en Centroamérica

En estos países, hay subordinación de los poderes del Estado a la presidencia, opacidad, ataques a críticos y una sombra enorme de corrupción.

Por Ricardo Avelar | Sep 05, 2021- 23:20

En Nicaragua, la policía orteguista ha usado la fuerza para reprimir manifestantes. Foto AFP

Hace más o menos tres décadas, después de guerras civiles, gobiernos militares, violencia política y autoritarismo, casi todos los países centroamericanos comenzaron un proceso de apertura democrática, institucionalización y apertura de espacios políticos.

Esto trajo consigo reformas orientadas a garantizar la independencia de los poderes y un respeto a las libertades de disentir, prensa, asociación pacífica, entre otras.

Sin embargo, esta apertura democrática no resultó irreversible. Por el contrario, en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua la institucionalidad ha resultado escurridiza y los cuatro países se han vuelto a colocar al borde del abismo autoritario.

En El Salvador, el deterioro democrático no comenzó en la gestión de Nayib Bukele pero se ha acelerado considerablemente.

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El bloqueo de información y la toma de instituciones de control a la gestión pública conviven con una agresividad del presidente, sus funcionarios y sus fanáticos hacia cualquier crítico, opositor o periodista. Y el 1 de mayo, la fracción legislativa que el presidente controla dio un golpe al Estado de derecho y removió una Sala de lo Constitucional que limitó el poder de Bukele y un fiscal general que investigaba indicios de corrupción en el gobierno.

A eso se suma el reciente fallo que emitió esa Sala impuesta en contra de la Constitución y que pide al Tribunal Electoral que permita la candidatura a la reelección del actual presidente.

Pero más allá del territorio nacional, toda Centroamérica parece estar abandonando el ideal democrático y sumiéndose en regímenes autoritarios y violentos con la disidencia. En palabras de Edgar Ortiz Romero, jurista y analista político guatemalteco, “en común veo un sometimiento del poder judicial, debilitamiento de la prensa y de los partidos políticos”.

La dictadura familiar

En Nicaragua se está consolidando una dictadura familiar. En unos meses, la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo se presentarán a elecciones para continuar en su cargo sin una oposición que pueda retarlos. Esto, pues han ordenado encarcelar a todos sus contrincantes y de la mano de un Judicial cooptado, se han sacudido toda competencia.

En voz de José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, “los abusos han sido de tal envergadura que invalidan cualquier proceso electoral. Ortega se sepulta a partir de las elecciones, porque si ejecuta lo planificado, termina enterrado más abajo de lo que está, con total falta de credibilidad”.

No quedan voces creíbles que defiendan los abusos del orteguismo. Particularmente desde abril de 2018, cuando una reforma previsional provocó un estallido social que el régimen recibió con violencia de sus cuerpos de seguridad y de colectivos de civiles que funcionan como fuerzas paramilitares.

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El régimen ha intentado neutralizar a la prensa crítica. La Prensa denunció que el sandinismo retuvo toneladas de papel para evitar que publicaran su versión impresa y un día después, policías allanaron las instalaciones del medio y retuvieron a su personal.

Similar suerte ha corrido Confidencial, medio del laureado Carlos Fernando Chamorro, quien está siendo acusado de lavado de dinero, un cargo que considera infundado. “Este es un juicio político, y todos los juicios políticos nacen en El Carmen (la residencia de Ortega), ahí se decide a quién acusar y enjuiciar”, dijo Chamorro, cuyo medio también ha sido sujeto de allanamientos y acoso del gobierno.

Hace décadas, Ortega luchó contra una tiranía, pero hoy representa el caso más dramático de rompimiento democrático en el istmo, mas no el único. En ocasiones, parece que sus pares centroamericanos buscan emularlo.

Honduras, el seguidor

En 2017, el presidente Juan Orlando Hernández (JOH) ganó la reelección en un país donde solo meses antes, eso estaba prohibido. Sin embargo, un aparato judicial leal al poder cambió las reglas del juego y avaló su permanencia.

Carlo Jiménez, abogado y defensor de derechos humanos en Honduras, explicó a este medio que “los principales retrocesos pasan por la cooptación de la institucionalidad, particularmente la encargada de impartir justicia”. Este aparato, explicó, se usa para perseguir críticos, al tiempo que ofrece un trato benigno a los cercanos al poder.

Además, señala que JOH tiene control total del Legislativo y al anular de esa forma la independencia de poderes, puede gobernar sin respetar ningún límite.

Además de la concentración de poder, el experto señala que en su país hay una enorme sombra de opacidad, particularmente tras la aprobación de leyes que dejan, bajo la excusa de preservar la seguridad nacional, en secreto muchos aspectos de la gestión estatal y la finanzas públicas. El jurista explica que la creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad también fue un gesto del presidente de pretender subordinar bajo su cargo al Congreso, la Fiscalía y la Corte. Con esto, se ha ganado la capacidad de “provocar acusaciones contra enemigos, rivales o personas que le estorban, aun si son infundadas”.

Finalmente, resalta un “evidente control de los medios masivos de comunicación”. Esto a través de un sistema de castigos o incentivos a la línea editorial. Con ello, lamenta, se ha censurado el contenido de medios que “en lugar de criticar las malas acciones del Estado, exageran o inventan cosas buenas que hace”.

Guatemala convive con la opacidad

Recientemente, la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, destituyó a Juan Francisco Sandoval, reconocido internacionalmente por su combate contra la corrupción.

Al salir de su cargo y abandonar el país por temor a represalias, Sandoval expuso lo que lucía obvio: la colusión entre Porras y estructuras oscuras dentro del gobierno de Alejandro Giammattei que buscan garantizar impunidad.

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Este mal no es nuevo en Guatemala. En 2015, tras meses de protestar, cayó el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti y estos dos terminaron en prisión por dirigir una red de defraudación del Estado. Pero esta “primavera” terminó y los actores corruptos que trascienden los gobiernos de turno volvieron a operar.

Lejos de rectificar el camino, los gobiernos posteriores han mantenido la opacidad, se han aliado con actores oscuros en el Congreso y han enfilado sus ataques en contra de los medios e instituciones que han expuesto los abusos de poder. Además, cuando los guatemaltecos salieron a la calle a exigir justicia, se toparon con la represión estatal.

El gobierno de Guatemala está actualmente envuelto en un escándalo que involucra el pago de millones de vacunas rusas que no llegaron. Además, un medio recientemente recogió el testimonio de un agente de seguridad privada que afirma haber presenciado un posible soborno de un empresario ruso al presidente Giammattei a cambio de un contrato portuario. El mandatario lo ha rechazado.

Más allá del escándalo actual, en Guatemala parece seguir reinando la impunidad y la captura del Estado por actores opacos y violentos. La cooptación del aparato judicial y el ataque a los medios es similar al de sus países vecinos.

Y Guatemala tiene un agravante: la debilidad del sistema de partidos. En medio de una creciente inconformidad por la corrupción del país, no parece haber soluciones dentro de la institucionalidad. Como el abogado Edgar Ortiz Romero explicó a este medio recientemente, esto abre la puerta a que un liderazgo antipolítico o grupos antisistema busquen protagonismo.

Y como sus vecinos, esa Guatemala que hace tres décadas soñó con abandonar la violencia política y el autoritarismo, está de vuelta al borde del abismo. Para estos países es válido preguntar qué hace falta para retomar la senda democrática o si es cuestión de tiempo para seguir el camino de Nicaragua o de otras dictaduras en la región.

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