El Secretario General del FMLN, Óscar Ortiz, señaló este lunes que en el país no ha funcionado el Plan Control Territorial, como lo han asegurado anteriormente los funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, dado que las estructuras criminales (maras) tienen la capacidad para seguir operando y cambiar los indicadores en materia de violencia criminal.
Esto al hablar sobre el régimen de excepción que implementó el Ejecutivo tras el repunte de homicidios que se registró en los últimos días y que entró en vigencia desde la mañana del domingo, pocas horas después de su aprobación exprés en la Asamblea Legislativa.
“Hoy tenemos esta acción que tiene que ver casi como un mensaje no escrito de que la estructura criminal tiene la capacidad de actuar cuando quiera y como quiera”, dijo Ortiz en declaraciones a Radio YSKL.
Recordó que los grupos criminales “han hecho ya casi normal y masiva lo que conoce como la renta, y está claro que hemos tenido un tremendo repunte en de desaparecidos en el último año”.
En ese sentido cuestionó que el gobierno utilizó una estrategia de comunicación para tratar de convencer a la población sobre el supuesto éxito del plan territorial.
“Lo que se ha venido planteando o vendiendo de manera masiva como que la situación de violencia o crimen estaba controlada en El Salvador a través del Plan Control Territorial, se nos dice claramente que el plan territorial no existe o es muy pero muy débil”, señaló.
TAMBIÉN: Retenes y militarización: abogados temen por abusos en régimen de excepción
“Siempre hemos dicho en qué consiste, pero ha habido mucha resistencia a tratar de plantearlo de una manera mucho más abierta y mucho más amplia. Básicamente se generó una estrategia masiva de comunicación para dar la impresión que la situación de violencia y criminalidad estaba controlada”, concluyó.
El domingo 27 de marzo, el país amaneció militarizado, algo que incluye el régimen de excepción que restringe cuatro derechos fundamentales a la ciudadanía durante 30 días y que podría prestarse a “arbitrariedades” temen diferentes abogados.
Según el decreto, el régimen de excepción implica la suspender los derechos de libertad de asociación, a la defensa, plazo máximo de la detención administrativa y el de la inviolabilidad de la correspondencia en el sentido de intervención de las telecomunicaciones.