Representantes de varias organizaciones de la sociedad civil demandaron del Gobierno de Nayib Bukele el restablecimiento de la institucionalidad del país y señalaron que la propuesta de reformas a la Constitución de la República, promovida desde la Presidencia, mediante la Comisión Ad hoc, no cumple con los requisitos que exige la ley.
El colectivo ve con preocupación las medidas inconstitucionales que está adoptando el gobierno en turno sobre todo porque, señalan una reforma de tanta envergadura como es la reforma a la Constitución, no fue planteada como oferta electoral, por lo que los salvadoreños no han elegido por ella.
Basados en el el articulo 248 de la carta magna, señalan que una reforma constitucional debe ser presentada por al menos 10 diputados de la Asamblea Legislativa y no de forma vertical, desde el Ejecutivo, como se ha planteado.
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"La ciudadanía salvadoreña históricamente ha demandado reformas concretas que garanticen el derecho al gua, a la alimentación, vivienda ampliación de derechos laborales, derechos a la mujer, a la salud, entre otros. La propuesta que se ha dado a conocer presenta modificaciones en 215 artículos suponiendo prácticamente una nueva Constitución que debía contar con un amplio debate y consenso social", dijo Milagro Alvarado, representante del Colectivo Feminista para el Desarrollo Local.
Según el articulado, conformado por organismos que representan a varios sectores y que velan por la defensa de los derechos humanos, en este momento en el El Salvador no se dan las condiciones para un proceso de reforma en la ley primaria del país.
Aseguran que tanto el presidente Bukele como su partido Nuevas Ideas y partidos aliados han dado muestra de "desinterés por respetar y promover el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho".
Ven necesario restablecer la institucionalidad
"Demandamos el restablecimiento de la institucionalidad democrática", dijo Alvarado al referirse a los hechos que han socavado la democracia del país e implican un grave retroceso a la garantía de derechos y la institucionalidad.
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Consideran que medidas como la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General de la República, ocurridos el 1 de mayo, el mismo día que la nueva Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo tomó posesión para el periodo legislativo 2021-2024; la depuración de jueces y la promoción de la reelección presidencial son una señal de alarma para el país pues se ha hecho de manera ilegal, sin respetar el debido proceso.
Ante estos acontecimientos demandan el reinstalo de los magistrados y el Fiscal General, así como la derogación de la reforma de Ley Judicial y Ley Orgánica de la Fiscalía, la derogación de la Ley Alabí, y la investigación de los 12 casos presentados por la CICIES sobre posible actos de corrupción de parte de funcionarios de gobierno. Así como la derogación de la Ley Bitcoin y la restitución de funciones y la independencia del Instituto de Acceso a la Información Pública.
Como organismos sociales llaman también a la población a pronunciarse contra aquellas reformas que suponen un grave retroceso a la democracia así como a realizar acciones que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos.
"Proponemos a la ciudadanía iniciar un proceso de reformas constitucionales del pueblo, que garantice mayores derechos, participación democrática y seguridad jurídica", dijeron representantes de la Asociación de Jóvenes Feministas Ameyalli, la Asociación Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador y Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Aunado a las propuestas y descontentos presentados, los representantes de dichas organizaciones también hablaron sobre lo sucedido en la marcha del pasado 15 de septiembre y la postura de Bukele ante lo sucedido.
“No nos hacemos responsables de los disturbios que pudieron haber causado estas personas infiltradas. Constatamos su asistencia, y tenemos fotografías, de algunos de ellos”.
En cuanto a la postura de Bukele durante la transmisión de la cadena nacional, señalaron lo siguiente:
“Lamentamos que en ella el presidente de la república no muestre una posición de escucha a la ciudadanía de las demandas históricas que tenemos. Nadie nos impuso marchar y es una desconsideración (decirle) a la gente que con mucho sacrificio se movilizó el día de ayer, que llegaron a la plaza sin saber a lo que llegaron”.