Las Comunidades de Fe Organizadas en Acción (Cofoa) exigieron al gobierno que indemnice a las personas inocentes capturadas en el marco del régimen de excepción y que se demuestre que no tienen ningún vínculo con grupos criminales.
La Constitución de El Salvador establece que los funcionarios civiles y militares que violen los derechos de los ciudadanos “responderán personalmente” por los mismos y no podrán alegar que actuaron “cumpliendo órdenes”.
A través de un pronunciamiento publicado en los periódicos de mayor circulación, Cofoa dice que, una vez comprobada su inocencia, se deben reparar los daños y perjuicios causados a la economía y reputación de los incriminados injustamente.
El artículo 245 de la Carta Magna manda que “los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente, por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los derechos consagrados en esta Constitución”.
Cofoa es un movimiento comunitario integrado por unas 30,000 familias laicas y religiosas, parte de la acción social de iglesias en el país.
En el comunicado, esta organización expresó que reconocen la importancia de llevar seguridad a las comunidades, por medio de la captura de integrantes de estructuras criminales, pero mostraron su desacuerdo por la captura de personas que no están relacionadas a ningún hecho delictivo.
“Estamos en desacuerdo que personas inocentes y sus familiares estén pasando por un sufrimiento innecesario, ya que con la vigencia del régimen de excepción, no se respeta el plazo de la detención administrativa (72 horas) ni las garantías constitucionales para demostrar su inocencia”, expresa el comunicado.
La organización, compuesta por habitantes de 140 comunidades a nivel nacional, agregó que se han conocido casos de tratos inhumanos a personas inocentes, por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada, lo que ha generado desconfianza y temor hacia los cuerpos de seguridad en un gran sector de la población.
Cofoa pide también que se reforme el decreto del régimen de excepción, con el fin de garantizar los derechos constitucionales de la población, establecidos en los artículos 12 y 13 de la Constitución.
Dichos artículos establecen tanto el plazo de detención administrativa que no debe exceder las 72 horas y el derecho al asistencia de un defensor en las diligencias en los procesos judiciales, en los términos que la ley establezca.
Por otra parte, Cofoa pidió al gobierno garantizar un trato humanizado para los capturados, desde su detención hasta el encarcelamiento o liberación.
Otras denuncias
La semana pasada siete organizaciones sociales, a través de un comunicado, informaron que desde que inició el régimen de excepción hasta el 8 de febrero han recibido 4,564 denuncias por violaciones de derechos humanos, entre ellas: detenciones arbitrarias, acoso, amenazas y lesiones cometidas por parte de los cuerpos de seguridad.
Las organizaciones hicieron un llamado al gobierno a velar por los derechos de las personas detenidas, que cumpla con el debido proceso e investigue los casos de personas con enfermedades crónicas y muertes en centros penitenciarios o durante la detención.
“El régimen de excepción ha sido prorrogado en diez ocasiones por la Asamblea Legislativa de forma inconstitucional, porque las causas que lo motivaron no subsisten”, expresa el comunicado publicado por las organizaciones, entre ellas Cristosal, Idhuca y Fespad.
El régimen de excepción fue ordenado por primera vez por el presidente Bukele el 27 de marzo del 2022, como respuesta a una ola de homicidios, sin precedentes: 88 personas fueron asesinadas en tres días.
“El periodo excepcional de suspensión de derechos se ha convertido en una política estatal permanente que expone a todas las personas del país a procesos judiciales sin garantía del debido proceso”, expresa el comunicado de las siete organizaciones sociales, publicado por Cristosal.
La noche del miércoles 15 de febrero, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró en el canal del gobierno, que la implementación del régimen de excepción “limita únicamente y exclusivamente a miembros de estructuras terroristas”. Sin embargo, sus palabras contrastan con lo que aseguró el mismo funcionario hace un mes, cuando dijo en el programa Frente a Frente que 3,313 personas capturadas durante el régimen de excepción habían sido liberadas por falta de pruebas.
Villatoro agregó que hasta el 15 de febrero han sido capturadas 64,169 personas capturadas acusadas de ser parte de las estructuras de pandillas, pero de esas solamente 56,485 están en prisión por orden judicial.