Centro de Estudios Jurídicos y otras organizaciones piden a Almagro activar Carta Democrática de la OEA en El Salvador

Las organizaciones civiles denuncian la falta de respeto a la división de poderes en El Salvador. Asimismo, temen que los retrocesos democráticos de hoy sean irreversibles una vez superada la pandemia.

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Por R. Tejada - Mario González

2020-05-20 3:40:50

El Centro de Estudios Jurídicos y Acción Ciudadana son algunas de las 26 organizaciones representativas de la sociedad civil que han enviado una carta al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la que le piden que “active los mecanismos y procedimientos necesarios previstos en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los diversos instrumentos del Sistema Interamericano para respetar y garantizar los derechos humanos de la población salvadoreña”.

Lo más grave, dicen, es el incumplimiento del gobierno de las resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional ante detenciones arbitrarias en el marco de la cuarentena domiciliar obligatoria.

El artículo 18 de la referida Carta Democrática de la OEA permite que dicho organismo realice visitas a un país para indagar las denuncias sobre prácticas antidemocráticas y también permite que dicho tema se haga llegar a la Asamblea General de la OEA para que tome medidas.

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“El poder ejecutivo ha impuesto acciones como “cercos sanitarios” que son en realidad “cercos militares”, pues no median las debidas motivaciones de salud ni requisitos legales”, denunciaron.

También expresan en la carta preocupación por las violaciones a los derechos civiles derivadas de la utilización excesiva de la fuerza y las detenciones ilegales por parte de las fuerzas públicas de seguridad.

“Le trasladamos nuestra preocupación y rogamos que active los mecanismos y procedimientos necesarios previstos en la Carta de la OEA y los diversos instrumentos del Sistema Interamericano, para respetar y garantizar los derechos humanos, para la preservación de la institucionalidad democrática, de acuerdo al artículo 17 y siguientes de la Carta”, dice la misiva al secretario Almagro.

Por otra parte, el Secretario de la OEA ha sido cuestionado por no pronunciarse ante los abusos de poder de Bukele en El Salvador.

Almagro, crítico de los intentos de silenciar a parlamentos y cortes en el continente, ha mostrado, en cambio, tibieza con los golpes a la institucionalidad en El Salvador.

“A mí no me preocupa cuando hay diferencias entre los poderes del Estado”, dijo recientemente Almagro cuando El Diario de Hoy lo cuestionó por no haberse pronunciado por el desafío del presidente Nayib Bukele al estado de derecho en El Salvador.

Piden al Fiscal investigar si presidente cometió delito al emitir nuevo decreto de emergencia

Asimismo, organizaciones civiles han pedido que el Fiscal General de la República, Raúl Melara, debe investigar si el presidente Nayib Bukele o sus funcionarios han incurrido en el delito de desobediencia de mandato judicial al emitir decretos cuyo contenido normativo está suspendido por resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

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“La Sala de lo Constitucional también debe certificar al Fiscal General de la República para que investigue la posible comisión del delito de desobediencia a mandato judicial o cualquier otra infracción penal”, dice un comunicado emitido por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Sección El Salvador, Acción Ciudadana, el Centro de Estudios Jurídicos, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social y la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia.

Las organizaciones recuerdan que la Sala de lo Constitucional suspendió la declaratoria de estado de emergencia emitida por el Presidente de la República el pasado 16 de mayo, pues constituiría “una invasión de competencias de la Asamblea Legislativa”, lo cual “representaría una amenaza al propio sistema democrático”.

Pero, mediante el Decreto Ejecutivo 19, la Presidencia declara un estado de emergencia en todo el territorio nacional, lo que “supone una manera burda de intentar burlar el cumplimiento de expresa orden judicial”, dice el pronunciamiento.