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Organizaciones sociales critican que el gobierno terminó con la CICIES para evitar la rendición de cuentas y ocultar la corrupción

La Embajada Americana, Acción Ciudadana y la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), se han pronunciado por el anuncio del fiscal general, Rodolfo Delgado, de romper el convenio con la OEA para combatir la corrupción en El Salvador.

Por Eugenia Velásquez | Jun 04, 2021- 17:26

El Presidente Nayib Bukele en una visita a Washington junto al Secretario de la OEA, Luis Almagro. FOTO EDH / ARCHIVO

“El gobierno lucha contra la lucha anticorrupción en El Salvador”. Así tituló su manifiesto la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), al conocer del anuncio del fiscal, Rodolfo Delgado, de romper el convenio firmado entre el gobierno de El Salvador y la Organización de Estados Americanos (OEA) para crear la CICIES, una instancia que tiene al menos 12 expedientes en estudio de posibles actos de corrupción en compras hechas por el gobierno durante la pandemia.

Además de DTJ, también se ha pronunciado Acción Ciudadana, ambos en el mismo sentido de que el gobierno intenta ocultar información, no rendir cuentas y que no se conozcan posibles actores del gobierno vinculados en actos de corrupción.

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Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, hizo acopio del anuncio del fiscal a través de su cuenta de Twitter de la siguiente manera: “Lamentamos la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con la @OEA_CICIES. La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad”.

Para Acción Ciudadana el argumento del fiscal Delgado que rompieron el acuerdo con la OEA por el reciente anuncio de que el ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, de ARENA, trabajará como asesor del secretario general del organismo internacional, Luis Almagro, es solo “la excusa utilizada por el gobierno para detener la labor de investigación de casos de corrupción que estaba realizando la CICIES por los manejos irregulares de fondos públicos durante la pandemia”.

Lamentaron la decisión, pues a criterio de Acción Ciudadana, es un retroceso a la transparencia en el manejo de los fondos públicos, “porque anula una de las pocas instancias que podía investigar la corrupción de forma objetiva”.

Rodolfo Delgado, fiscal impuesto
Rodolfo Delgado anunció la separación de la Fiscalía del convenio con la CICIES. Foto: Cortesía / @FGR_SV

La Fundación DTJ expresó que la CICIES fue una de las promesas más destacadas de la campaña presidencial de Nayib Bukele y que la organización la apoyó desde su creación en 2019 para contribuir a mejorar la lucha contra la corrupción en El Salvador.

“Dada la histórica incapacidad o cooptación de las instituciones de control para luchar decididamente contra la corrupción, la CICIES tenía el potencial de contribuir a asegurar el uso de los recursos estatales con probidad y eficacia y luchar contra la impunidad”, reza parte del comunicado de DTJ publicado en su cuenta de Twitter.

Señala que a pesar de las dudas iniciales sobre su independencia, la CICIES realizó al menos 12 investigaciones relacionadas con el manejo de los recursos públicos y que, además, preparó reformas legales anticorrupción que presentó al Gobierno.

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“Aunque estas medidas fueron modestas en atención al enorme reto que supone enfrentar la corrupción en el país, la CICIES fue la única acción de carácter oficial en materia anticorrupción durante los primeros dos años de gobierno de Bukele”, expresa DTJ.

Agregan que esta acción es concurrente con la abierta resistencia desde el Órgano Ejecutivo en la lucha contra la corrupción, la cual se evidencia mediante una política oficial de opacidad y resistencia a la rendición de cuentas; el rechazo a las reformas anticorrupción propuestas por la CICIES; la tolerancia y protección de funcionarios señalados por actos de corrupción; la aprobación de una Ley de Impunidad frente a irregularidades y posibles actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos para enfrentar la pandemia; y el ataque desde el oficialismo a los medios y organizaciones de la sociedad civil que señalan o denuncian posibles actos de corrupción cometidos por funcionarios.

Por todo lo anterior, DTJ pide a la comunidad internacional a condicionar cualquier acción de cooperación o financiamiento a la construcción de una verdadera política nacional anticorrupción que prevenga no solo el mal manejo de los recursos de los países amigos, sino también el despilfarro del dinero de los salvadoreños.

Sin embargo, lamenta el “inoportuno nombramiento del exalcalde de San Salvador como asesor de la Secretaría General de la OEA, dado los cuestionamientos pendientes a su gestión y los señalamientos sobre su participación en negociaciones con grupos delincuenciales, pero también el uso de esta decisión de la Secretaría General de la OEA como excusa para terminar con la cooperación con la CICIES”.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), emitió un comunicado en donde deja saber la acción ejecutada por un “fiscal “electo de manera inconstitucional por la actual Asamblea Legislativa” es un paso “más hacia la opacidad y una muestra del debilitamiento de los mecanismos de control y de lucha contra la corrupción e impunidad”.

Señala que la hostilidad del aparato estatal hacia la CICIES inició cuando esta entidad denunció posibles casos de corrupción en el Ministerio de Salud Pública, en el marco de la pandemia, “pero cuando en aquél momento se iniciaron las investigaciones, la Policía Nacional Civil obstruyó las diligencias que llevó a cabo la Fiscalía en un allanamiento en dicho ministerio”.

Además, de la oposición del presidente Nayib Bukele al pliego de propuestas de reforma al convenio con la CICIES presentado por varias organizaciones de la sociedad civil con el fin de fortalecer la independencia y capacidades de esa entidad.

“Lo que queda claro es que no existe un compromiso real para luchar contra la corrupción y ello no pasó de ser una promesa electoral. La decisión de la Fiscalía de dejar de recibir la colaboración de la CICIES está dentro de un contexto más amplio de debilitamiento de las instituciones que velan por la transparencia y la lucha contra la corrupción”, dice Fusades.

La Fundación Nacional para el Desarrollo Capítulo El Salvador, Transparencia Internacional lanzó otro pronunciamiento de rechazo a la medida adoptada por el gobierno salvadoreño.

Funde señala que las justificaciones del fiscal impuesto, quien ejerce de manera ilegal su cargo, no ofrecen “argumento válido para desarticular uno de los pocos esfuerzos anticorrupción que quedaban en el país, luego de que el Ejecutivo se deshiciese del control que ejercía la Corte Suprema de Justicia y de otros espacios como el Instituto de Acceso a la Información Pública y la misma Fiscalía”.

Reiteran al igual que otros organismos sociales que terminar con la CICIES es cerrar la puerta a que se conozcan casos de posibles actos de corrupción que la Fiscalía ya estaba investigado a petición de la CICIES, “entre los que se encontraban algunos asociados al delito de negociaciones ilícitas, los cuales quedarían en la impunidad ante los recientes acontecimientos”.

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