Las observaciones del presidente de la República, Nayib Bukele, a la reforma del decreto legislativo 608 de emisión de $2,000 millones para atender la pandemia, en cuanto a limitar el alcance del comité ciudadano fiscalizador del dinero, provocó fuertes críticas de los partidos mayoritarios de oposición.
Sin embargo, la oposición dice que ya no les sorprende la insistencia del Gobierno de mantener la “opacidad” en la ejecución de fondos para la emergencia y señalan que buscarán superar los reparos enviados por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa.
“No es de extrañar la respuesta del Gobierno, porque frente a los casos que han salido (compra de mascarillas, por ejemplo) donde es más que obvio que hay algo raro, no quieren que les sigan contando las costillas, se están excusando en algo que no es cierto”, apuntó el subjefe de fracción del FMLN, Jorge Schafik Hándal.
Bukele envió al Parlamento tres observaciones puntuales. Entre ellas, aduce que el comité fiscalizador de los $2,000 millones que la Asamblea autorizó anteriormente para abordar la crisis sanitaria no puede obligar a los funcionarios del Gobierno a entregar “sin reservas” toda la información que requieran, pues habrán algunos datos que, según la Ley de Acceso a la Información Pública, no podrán proporcionarse a los miembros del comité de “Veeduría”.
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“Esta es una situación especial, se sale de los presupuestos ordinarios de una ejecución normal y corriente, es para una situación de pandemia, que ya es prevalente y, a la luz de algunos manejos poco transparentes y hasta irregularidades que ha habido, lo más conveniente y esa fue la condición por la que se aprobaron los $2,000 millones, es que el decreto (de reforma del 608) llevaba ese componente, una característica especial para una situación especial”, acotó el diputado de ARENA, Rodrigo Ávila.
Conocer lo que el Gobierno compra para la emergencia por el COVID-19 con fondos del Estado vía créditos, que al final de cuentas serán cancelados con impuestos de los salvadoreños, saber a qué precio los adquiere y el destino de los bienes o servicios “bajo ninguna circunstancia debería ser un secreto de Estado”, argumentó Ávila.
Bukele también hace el reparo que la participación de un representante del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) como apoyo del comité contralor “afecta la imparcialidad” de la institución, si fuera el caso que se de algún recurso que llegue al IAIP por el uso de los fondos para la emergencia.
Para Hándal esa observación de Bukele es “otra leguleyada”, y añade que el Ejecutivo se opuso desde que inició la emergencia a que el IAIP pudiera funcionar, porque los tenían restringidos. “Nos costó un mundo y la mitad de otro que salieran y hacer que el Instituto pudiera funcionar, tener acceso a la información costó”, manifestó el legislador efemelenista.
Mientras tanto, Ávila señala que no existe conflicto ya que el comité no manejará ni administrará los $2,000 millones, pero si ese fuera el caso mostró disposición a poder discutirlo en la comisión de Hacienda.
También Bukele informa en sus observaciones que la Asociación de Auditores Independientes de El Salvador señala que no pueden participar como fiscalizadores dentro del comité argumentando razones legales y de ética, sin embargo, tanto Hándal como Ávila explicaron que les parece extraño que ahora se echen para atrás cuando anteriormente aceptaron formar parte.
El PCN considera que las observaciones hechas por Bukele son válidas. El secretario general del partido pecenista, Manuel Rodríguez, mencionó que según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) podría haber información que no se pueda divulgar, por ejemplo, nombres de las personas que están contagiadas con el COVID, a pesar de que la fiscalización que hará el comité es sobre gastos con fondos públicos no sobre aspectos sanitarios.
“Nosotros vamos a respetar lo que dice la ley, si la ley dice que hay alguna información de carácter reservado, como nombres de las personas que están contagiadas, eso es un ejemplo, definitivamente hay mucha gente que no quiere que se conozca que está contagiada”, ejemplificó Rodríguez.
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En cuanto a información de gastos, Rodríguez señaló que sí debe hacerse pública. Y sobre el apoyo del IAIP al comité de “veeduría”, el dirigente pecenista comparte lo dicho por el Ejecutivo, de que podría afectar la función del IAIP en cuanto que puede adelantar criterio sobre un posible caso que deba conocer el Instituto sobre la ejecución de los fondos.
Sin embargo, le llama la atención que la Asociación de Auditores Independientes haya informado a Bukele que no pueden ser parte del comité contralor, ya que cuando los diputados de la Comisión de Hacienda le consultaron, estos dijeron que sí tenían disposición.
“Allí ya es una decisión de ellos, son criterios de ellos de que no quieren participar. Tampoco se les puede obligar, pero tenía entendido que ya habían hablado con ellos y ellos aceptaron, eso sucedió con el diseño del primer decreto (608), ellos habían hablado y habían pedido estar como observadores, es otro tema que hay que verlo, por qué habrán cambiado de opinión, si ya habían dicho que sí”, opinó Rodríguez.