El mensaje enviado este martes por los diputados que eligieron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue claro: buscaban abogados que celebraran las acciones ilegales del 1 de mayo, cuando removieron de forma ilegal a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República para sustituirlos por juristas afines.
Por ello, no es de sorprenderse que los diputados no tuvieran en alta estima a los dos abogados que, durante las entrevistas realizadas por la Comisión Política del Congreso, condenaron los hechos del 1 de mayo y defendieron la legalidad, algo que debería darse por sentado en personas que aspiren a llegar al máximo tribunal de El Salvador.
Los juristas Martín Martínez y Francisco Díaz ni siquiera aparecieron en la lista de 15 aspirantes favoritos de los partidos oficialistas. Sin embargo, fueron quienes destacaron por su defensa de la institucionalidad.
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Magistrados electos período 2021-2024 por la Asamblea Legislativa el 29 de junio 2021. Sandra Luz Chicas,
José Clímaco Valiente.Miguel Ángel Flores Durel. Alex David Marroquín, Enrique Alberto Portillo.En su entrevista con los legisladores, Martínez le dijo a los diputados que “ninguna mayoría puede pasar por encima de la constitución y sus valores”.
Además, el jurista explicó a los legisladores que si bien ellos representan a la ciudadanía y tienen la facultad de emitir leyes, “se requiere que (estas leyes) tengan una validez sustancial y es que el límite de las mayorías y el de la representación popular es la Constitución”.
Con esto, desmintió el punto del oficialismo que escuda en su popularidad los constantes golpes al Estado de derecho.
Por su parte, el exsuperintendente de Competencia, Francisco Díaz, le hizo saber a los diputados que creía que “nunca me van a elegir”.
Sin embargo, destacó que los valores principales para un magistrado son la independencia y la imparcialidad.
Díaz ha sido crítico de la destitución de magistrados y afirmó, en entrevista con este medio, que al imponer una Sala de lo Constitucional afín al Ejecutivo, “los salvadoreños han quedado sin protección ante los abusos de poder”.
Naturalmente, esto le ganó el no ser considerado por el bloque oficialista que se decantó por los aspirantes que más cercanía mostraron con los condenados actos del 1 de mayo.
Una de las principales críticas de la comunidad jurídica del país y de las organizaciones de sociedad civil que monitorearon el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia es el excesivo énfasis que los diputados del bloque oficialista (conformado por Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC) pusieron en averiguar qué opinaban los diferentes aspirantes sobre la remoción ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general.