La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron “preocupación” por violaciones a la libertad de expresión y el derecho de información en varios países, entre ellos El Salvador.
En varios países se reportaron dificultades en el acceso de periodistas a conferencias de prensa oficiales y en la posibilidad de que éstos realicen preguntas de forma presencial o virtual, sin que se establezca de forma clara el criterio para la selección de los medios que pueden realizarlas. “Lo anterior podría socavar el rol de la prensa y el derecho a la información de las personas sobre la pandemia, así como la rendición de cuentas del gobierno”, advierte.
En el caso de El Salvador, señala que medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil denunciaron la imposibilidad de realizar preguntas en conferencias de prensa oficiales, así como la falta de información desagregada o más específica sobre el desarrollo de la pandemia del COVID-19.
En su más reciente informe, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también denunció la discriminación en las conferencias de prensa del Gobierno, así como los bloqueos para acceder a la información pública y el acoso de troles contra los críticos de la gestión de Nayib Bukele en las redes sociales.
Por su parte, la CIDH, que es un organismo de vigilancia de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), dice en su informe que han identificado restricciones en el acceso de periodistas a ruedas de prensa y en la posibilidad de realizar preguntas sobre la pandemia; también algunos Estados han recurrido a figuras del derecho penal para sancionar la difusión de ideas e información calificadas como falsas o incitaciones al pánico respecto a la salud pública.
Por otra parte, con el legítimo interés de detener la dispersión de la pandemia, en algunos Estados se ha recurrido a medidas de ciberpatrullaje digital, lo que podría afectar las libertades fundamentales, advierten el organismo y su Relatoría Especial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo autónomo de la OEA, también señaló el miércoles que todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos.
“Debe cuidarse que el uso de la fuerza para implementar las medidas de contención por parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley se ajuste a los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y precaución de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana”, subrayó.
La Corte enfatiza que, dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado.