Observatorio COVID-19 exige al Gobierno transparencia en el manejo de datos en El Salvador

Dicho pronunciamiento se da un día después de que se conociera que Casa Presidencial mantiene como encargados de la mesa de crisis y pruebas del COVID-19 a un grupo de venezolanos, según documentos.

Foto EDH / Yuri CORTEZ AFP

Por Cecilia Fuentes

Jun 09, 2020- 16:52

El observatoriocovid.19.sv se pronunció este martes por las irregularidades en el manejo de datos de coronavirus en El Salvador y exigen transparencia en el uso de la información estadística de la pandemia.

A las autoridades de Salud solicitan “realizar un tratamiento estadístico serio, riguroso, profesional y epidemiológico”, establecen mediante un comunicado.

En dicho observatorio participa la Universidad de El Salvador (UES), Universidad Francisco Gavidia (UFG), Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

El Observatorio explicó que la claridad de los datos es “crucial para la toma de decisiones, reapertura ordenada y segura de la economía y para el acervo científico de El Salvador”.

Dicho pronunciamiento se da un día después de que se conociera que Casa Presidencial mantiene como encargados de la mesa de crisis y pruebas del COVID-19 a un grupo de venezolanos, según documentos.

De acuerdo a dicha información, son ellos quienes deciden sobre el procesamiento de pruebas de laboratorio y quienes han ordenado no dar resultados a pacientes que lo soliciten.

Dicho grupo de venezolanos es el que dirige a funcionarios y empleados del Departamento de Laboratorio de Vigilancia de Salud Pública. Lo hacen emitiendo indicaciones de manera verbal o a través de mensajes de WhatsApp.

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El memorando 2020-9200-200, con fecha de envío del del pasado 1 de junio a la subdirectora del Instituto Nacional de Salud, está firmado por la coordinadora de Virología, Delmy Lisseth Recinos de Valdez, la jefa de Laboratorio de Vigilancia en Salud Pública, Ruth Carolina Vasquez Cordova y la jefa de Departamento de Laboratorios de Salud Pública, Mónica Jeannette Barahona.

El Observatorio mostró su inquietud ante la referida información divulgada en redes sociales y dijo que en él se evidencia “preocupación genuina y profesional sobre el manejo de la información de parte de la Jefa de Laboratorio de Vigilancia en Salud Pública y de la Coordinadora de virología.

Además, el uso político de las estadísticas conforme a criterios que no son epidemiológicos y no coadyuvan a la información de la ciudadanía y el involucramiento de asesores de Casa Presidencial que no poseen las capacidades y competencias técnicas, médicas ni epidemiológicas para la toma de decisiones”.

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En el documento, las profesionales salvadoreñas se refieren a los venezolanos Sara Hanna y Miguel Arvelo, como “delegados de Casa Presidencial” y como los encargados de la mesa de crisis.

Hannes y Arvelo son quienes dan las órdenes de qué pruebas hacer y cuáles no, según ese documento.

Otra anomalía que revela el documento es que los funcionarios del Laboratorio de Vigilancia de Salud Pública no tienen autorización para incorporar directamente los resultados de los análisis de las pruebas para COVID-19 que realizan día a día, a la plataforma en línea del sistema VIGEPES (Sistema de Vigilancia Epidemiológica).

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Hasta el pasado 1 de junio (según fuentes de este Diario, eso se mantiene), por indicaciones de los “delegados de CAPRES”, únicamente se elabora una base de datos en Excel, la cual es enviada a través de WhatsApp al ministro de Salud y a los mismos delegados de Capres, quienes también han ordenado que cuando un usuario pida los resultados de su examen de COVID-19, no le sea entregado.

Además, los empleados y funcionarios del Departamento de Laboratorios de Salud Pública tienen prohibido dar esa información a menos que sea el ministro de Salud o los mismos “delegados de Capres” quienes se lo soliciten.

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