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Nuevas Ideas avala “legalizar el espionaje”, denuncia diputada del FMLN

Expertos consultados advierten que ante la falta de independencia del Órgano Judicial y de la Fiscalía, hay un alto riesgo de arbitrariedades a la hora de intervenir los teléfonos de los salvadoreños.

Por Eugenia Velásquez | Ene 27, 2022- 21:00

Foto EDH / Archivo

Los diputados de la Comisión de Seguridad de la Asamblea acordaron este miércoles emitir un dictamen favorable para dar luz verde a cuatro reformas del Código Procesal Penal en el sentido de crear la figura del agente encubierto digital y la evidencia digital como prueba para los procesos penales.

Esto abarca la invasión a la intimidad de las personas, ya que se considerará evidencia digital todo documento y mensajes electrónicos, imágenes, vídeos, datos y cualquier tipo de información y comunicación que se intercambie desde un dispositivo electrónico.

Además, se crean agentes encubiertos que son policías digitales que podrán actuar por orden del juez y de la Fiscalía. Estos serán quienes determinarán si el material se constituye como evidencia digital en la persecución de los delitos penales.

VER: Diputados acuerdan crear agentes encubiertos digitales mediante reformas al Código Procesal Penal

Determinada la posibilidad del cometimiento de un hecho ilícito se aplicarán medidas cautelares para el inicio de la investigación. Estas consisten en restringir, bloquear una cuenta, perfil o sitio de internet o extraer información contenida en cuentas de redes sociales.

“Legalizar el espionaje”

Al respecto, la diputada del FMLN, Anabel Belloso, considera que el partido Nuevas Ideas, controlado por Nayib Bukele, lo único que pretende es legalizar el espionaje electrónico en el marco de un sistema judicial que carece de todas las garantías constitucionales de imparcialidad y debido proceso.

Esto es así desde que el 1 de mayo de 2021 la Asamblea oficialista destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y  al fiscal general, y los sustituyó por abogados afines a su proyecto. Estos funcionarios deben ser independientes para evitar persecución política y garantizar protección de derechos fundamentales. Meses después, la Asamblea ordenó remover a cientos jueces, magistrados y fiscales.

Por su parte, Carlos Palomo, experto informático de TRACODA, dijo que “en un contexto en donde los jueces se sienten intimidados, amenazados o que pueden ser removidos si no acceden a una petición fiscal o que venga del Ejecutivo u otro poder del Estado, puede que no filtren debidamente las peticiones que se lleven”.

Asevera que al utilizar técnicas que amedrenten a los jueces se facilita la obtención de información para armar casos contra defensores de derechos humanos, periodistas o personas que filtran información para que se desarrollen investigaciones en casos de corrupción.

“Esto limita también las posibilidades de investigación periodística y de combate a la corrupción”, destacó Palomo.

VER: Gobierno busca legalizar intervención de teléfonos de periodistas vía reforma al Código Procesal, dice abogada

Entre las modificaciones que los diputados oficialistas acordaron, solo se dio un cambio tras las observaciones que la Fiscalía envió en el caso de los agentes encubiertos. En la propuesta original de Nuevas Ideas esta figura se aplicaría únicamente con la venia por escrito del fiscal general; sin embargo, el mismo funcionario les advirtió que debía solicitarse previamente la autorización de un juez para que un agente encubierto pueda ejercer sin que sea delito.

Sin embargo, tal como apunta Palomo es una medida que se quedará únicamente en el papel dado el sesgo político que se corre entre los jueces afines al gobierno en el Judicial.

La enmienda se hizo en la propuesta del artículo 259-D para que durante la investigación de los delitos, se puedan usar las operaciones encubiertas digitales con autorización judicial y después hacer la petición a la Fiscalía.

¿Dirigido a periodistas?

La abogada penalista Marcela Galeas advirtió también hace poco que con las enmiendas al Código Procesal Penal el gobierno lo que busca es legalizar la intervención de los teléfonos móviles de los periodistas.

“Ahí estarían legalizando que a todos los periodistas les intervengan los teléfonos. Eso es lo que se teme, además con la reforma que ya está aprobada de la Ley de Delitos Informáticos y Conexos, que en uno de los tipos penales establece la forma de poder adquirir o de poder acceder a la información”, apuntó.

Con respecto a la modificación que hicieron para que sea un juez quien autorice a los agentes encubiertos, Galeas lo ve insuficiente, porque la figura del patrullero digital no tiene límites en su uso y no se establecen parámetros temporales para justificar su actuación.

“No sabremos si es porque en realidad están haciendo una investigación, si está cometiendo un ilícito o es una orden de espiar a una persona”, analizó Galeas.

También afirma que la evidencia digital no cuenta con reglas específicas para su incautación, ofrecimiento, admisión y producción en el proceso penal. Galeas advierte que estas reformas no se hicieron bajo estándares aceptables del debido proceso y el pleno respeto a los derechos humanos.

El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright, propuso limitar el accionar de los agentes encubiertos para garantizar la intimidad de las personas, pero los diputados no consideraron ni introdujeron en el dictamen su planteamiento.

Wright propuso agregar otro inciso sobre la responsabilidad del agente encubierto y fijar un plazo para su desempeño.

“El agente encubierto será responsable, civil y penalmente, por todos los actos que realice y recursos que maneje en el ejercicio de sus funciones, con evidente exceso en relación a su misión”, rezaba la enmienda que presentó el diputado de Nuestro Tiempo, pero no fue incluida en el dictamen.

Este dictamen será enviado a la plenaria la próxima semana y su aprobación solo requiere 43 votos.

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