Un año después de que la Fiscalía demandó a la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) por firmar un contrato para el desarrollo de nuevos productos con una firma israelí para el cual su ley no la faculta, el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa una nueva Ley de la Lotería para darle a la entidad el poder de firmar ese tipo de contratos.
Abogados consultados consideran que esta nueva ley “promueve la impunidad” de los funcionarios que habrían incurrido en ilegalidades al firmar esos contratos.
“Me queda claro que la ley es para tratar de validar o saldar responsabilidad de funcionarios que han cometido alguna ilegalidad” en esos contratos, consideró la abogada Ruth López, jefa anticorrupción de Cristosal.
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En el artículo 4 del anteproyecto se establece que la ley será declarada de orden público, esto implica que sus efectos aplican para el pasado, es decir, que volvería legales tanto el contrato firmado por la Lotería que según abogados no tiene base legal, como el sitio de apuestas deportivas Dale Sv, que opera desde marzo pasado sin sustento jurídico.
“En razón de la finalidad de la LNB, que consiste en obtener fondos para ayudar al Estado para la consecución de sus fines, sobre todo en el área social, la presente ley será considerada de orden público”, reza el último inciso.
Para López, esa mera declaratoria legislativa de “orden público” no la vuelve de carácter retroactivo “por su contenido y naturaleza. La jurisprudencia constitucional además ha establecido que solo la Sala de lo Constitucional es la facultada para ello, solo la mera consideración del Legislador no es suficiente”, dijo la abogada.
Uno de los puntos medulares del anteproyecto radica en el artículo 7, el cual ya faculta a la Lotería Nacional de Beneficencia a ceder a terceros, mediante varias formas, el negocio de los juegos de azar, es decir, firmar un contrato como el firmado con Tenlot, por el cual la Fiscalía demandó el 3 de diciembre de 2020 a la Lotería en los juzgados Civil y Mercantil por considerarlo un “fraude de ley”. El Ministerio Público pidió entonces su nulidad. En ese entonces, la Fiscalía era dirigida por el destituido Raúl Melara.
De ese contrato con Tenlot se sabe poco, pues la Lotería le puso reserva al caso pero cuando la Fiscalía interpuso la demanda afirmó que se trataba del “desarrollo de nuevos productos”, precisamente las apuestas deportivas en línea que funcionan desde marzo bajo el dominio Dale SV.
Abogados como Wilson Sandoval de Funde Alac y José Marinero, experto en derecho administrativo, explicaron en marzo pasado que el artículo 3 de la actual Ley de la Lotería impide ceder a terceros su modelo de negocio, por lo que esta nueva Ley buscaría subsanar este vacío.
El artículo 3 de la Ley vigente dice: “El negocio de la lotería es actividad exclusiva de la Lotería Nacional de Beneficencia. En consecuencia queda prohibido su ejercicio a cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o derecho privado … ”.
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Pero ahora, el inciso 4 del artículo 7 de la nueva ley establece que: “La LNB podrá autorizar a terceros como operadores de juegos para el ejercicio indirecto de los juegos de lotería, lo cual se efectuará por medio de permiso, licencia, convenio, contrato, concesión, Asocio Público Privado, siempre que exista un interés general, según sea el caso, conforme a los procedimientos regulados en el Reglamento”.
El Presidente de la LNB, Javier Milián, le explicó a los diputados de la comisión de Hacienda que la ley busca tener un marco regulatorio que permite incrementar las facturaciones del ente de $35 millones anuales hasta los $300 millones.
“Esto significa que la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia plantea un marco normativo moderno que permitirá a la entidad operar, explotar y regular los juegos de lotería, en línea y probabilidades (pronósticos) de juegos deportivos”, dijo en el seno de la comisión que estudiará la ley.
“Juez y parte”
Otro de los puntos negativos que ven los abogados en la nueva Ley de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) es que la entidad se volverá “juez y parte”, pues competirá en el mercado de los juegos de azar, pero al mismo tiempo pondrá las reglas a otros posibles competidores.
“La parte negativa es el hecho, en un sentido de la ley es proteger la ineficiencia de la Lotería Nacional. Entonces, como es juez y parte, ella va a autorizar las loterías que van a ser la competencia de ella. Ahí hay un temita que pueda dar problema”, valoró el abogado Francisco Bertrand Galindo.
El experto sí ve positivo que se busque regular el sector, pero a su juicio debería ser a través de una entidad diferente.
“Ahora no hay un ente regulador, se está tratando de crear el ente regulador, el único problema es que es juez y parte porque puede ser que las garantías de la lotería donde él es juez sean más ventajosas de las que la competencia”, abundó.
Y fue más al detalle al poner de ejemplo lo que pasaba con la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) en el sector de la energía años atrás.
“Es un poco lo que pasaba con la CEL porque producía la energía, la vendía y fijaba las condiciones. Era juez y parte, por eso se creó la unidad de transacciones y se obligó a que CEL vendiera las generadoras para disminuir ese efecto de juez y parte que jugaba la CEL”, ejemplificó el abogado.
Bertrand Galindo sí cree que debe haber un debate más amplio sobre este asunto.
“Hay un tema que hay que resolver en el tema de juez y parte: debería haber una entidad reguladora de la calidad y de los juegos y una Lotería Nacional que va ser del Estado, que supervise además a la LNB”, reiteró.