La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización que investiga y trabaja por la defensa de los derechos humanos en el continente, se ha sumado a la condena internacional por la obstaculización del gobierno de Nayib Bukele a que se acceda a los archivos militares relacionados al caso de la masacre de El Mozote, en un claro y nuevo desafío a una orden judicial.
En su pronunciamiento, la organización califica de una “violación de la orden judicial”, la decisión del gobierno salvadoreño de no cumplir una orden del juez de Instrucción de San Francisco Gotera a fin de buscar pruebas o más elementos relacionados con la masacre de centenares de salvadoreños en plena guerra, en 1981, y por el que están siendo procesados una veintena de militares, entre ellos el general Rafael Bustillo, exjefe de la Fuerza Aérea.
Sobre la decisión del gobierno salvadoreño de incumplir una orden judicial con la que se busca establecer los responsables de la matanza de cerca de 1,000 personas, según la acusación fiscal, el presidente del Wola, Geoff Thale, dijo que “el Ministerio de Defensa no está por encima del Estado de derecho en El Salvador” y que por lo tanto está obligado a cumplir la decisión emanada de un tribunal de justicia.
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“El Ministerio debe cumplir con las decisiones de la corte relacionadas con el caso El Mozote. Los amigos de El Salvador que apoyan el Estado de derecho y la búsqueda de justicia de las familias, incluyendo a los Estados Unidos, deben instar al Ministerio de Defensa a que cumpla de inmediato con las órdenes judiciales en el caso de El Mozote. La emergencia de salud pública por la pandemia no debe utilizarse para justificar acciones que permitan a las Fuerzas Armadas desafiar a los tribunales”, afirma Thale, según el pronunciamiento.
El WOLA también señaló el hecho de que el gobierno de Bukele montara un cerco sanitario de manera inesperada en la zona de Corinto, el municipio donde se encontraba el juez que ha ordenado las inspecciones de los archivos. Esto, dice la organización, “significa que todo movimiento en la zona estaba prohibido excepto las actividades relacionadas con emergencias médicas. De no haber salido previa la instauración del cerco, el juez no hubiera podido viajar a realizar la inspección”.
Los funcionarios delegados para la inspección judicial en el archivo del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, el pasado lunes, no solo tuvo la obstaculización para ingresar por parte del Ministerio de Defensa, sino que también se calificó como un acto de intimidación el que protagonizaron supuestos veteranos en las afueras de las instalaciones militares en contra de los delegados judiciales.
Esta resistencia del gobierno de Bukele no solo se suma a otras protagonizadas, sino que también contradice lo que el gobernante prometió a las familias de las víctimas del caso El Mozote de que reinvindicaría sus derechos y permitiría “sin necesidad de orden judicial” el acceso a los documentos de la A a la Z. Pero esto no lo ha cumplido.
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