“Recurriré a las instancias Internacionales pertinentes para hacer valer mis derechos, ya que en mi Patria, con el régimen actual, no hay garantía de justicia para los que defendemos la República y sus instituciones democráticas…”, declaró el diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), Norman Quijano.
Estas fueron las primeras declaraciones de político y exalcalde salvadoreño después que la bancada oficialista en la Asamblea salvadoreña votara por retirarle la inmunidad, pese a que a que juristas han explicado hasta la saciedad que no tienen facultades para hacerlo pues él no depende de la jurisdicción salvadoreña, sino del Parlacen.
“Hoy se ha consumado un atropello más a mis derechos fundamentales como ciudadano. Lo han intentado de todas formas, atropellando Constitución y demás leyes de la República”, denunció.
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Quijano señaló específicamente que los diputados oficialistas han transgredido el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano que en el artículo 22 del Capítulo Segundo establece las Inmunidades y privilegios de los diputados Centro Americanos y que reza: “El Parlamento Centroamericano, a solicitud de las autoridades competentes del país del cual el diputado es nacional, podrá levantar y suspender las inmunidades y privilegios de los diputados”.
El legislador recordó que el mismo asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, expresó el el 29 de octubre en Telecorporación Salvadoreña, que iniciarían el “trámite de desafuero a través de Cancillería.
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También citó que el funcionario expresó a Diario El Mundo que "los delitos que se le imputan (a Quijano) los cometió siendo diputado”, pero en el 2014, cuando sucedieron los hechos en los que se le involucra, era Alcalde de San Salvador, con solicitud de permiso por la campaña. “¡Vaya Secretario Jurídico!”, subrayo.
Quijano reiteró que “soy un perseguido político de este gobierno nefasto”