La congresista demócrata Norma Torres propuso el miércoles recortar toda la asistencia militar que Estados Unidos da a El Salvador, Guatemala y Honduras.
Torres, de origen guatemalteco, dirige el subcomité que estudia asuntos de Centroamérica y constantemente emplaza a los gobiernos de estos países por sus abusos de poder, poca o nula transparencia y sus violaciones a la legalidad y el Estado de derecho.
“La falta de legalidad y la impunidad promovida por líderes autoritarios en la región continúa motivando la migración a nuestra frontera sur, y debilita nuestros esfuerzos para promover los derechos humanos en nuestro propio hemisferio”, sostuvo la legisladora.
VER: Congresista Norma Torres denuncia amenazas e intimidaciones de seguidores de Bukele
Por ello, expresó su satisfacción por que muchas de las medidas que ha encabezado para apoyar el Estado de derecho en Centroamérica han sido incluidas en la propuesta de egresos para el año fiscal 2022 que el comité de Apropiaciones (Presupuesto) de la Cámara de Representantes presentará al pleno.
Además de cortar los fondos a las fuerzas armadas, Torres solicitó que se destine un fondo de $60 millones para los esfuerzos anticorrupción en los tres países del Triángulo Norte. En Guatemala, estarían destinados a la Fiscalía Especial contra la Corrupción e Impunidad (FECI), en Honduras a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO). Ambas están adscritas a las fiscalías locales.
En El Salvador, no especificó a qué área se destinará el dinero, puesto que la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos (USAID) anunció un recorte de la cooperación a la Fiscalía General de la República después de la remoción ilegal del fiscal Raúl Melara y la imposición por la fuerza de Rodolfo Delgado.
También se incluyó un fondo de $30 millones para proteger a los niños y la mujeres, $1 millón para promover el intercambio comercial entre pueblos indígenas y ha adelantado que el financiamiento a la región podría estudiarse y aumentar si los países muestran un compromiso en la lucha contra la corrupción.
Esto, sin embargo, no ha sido la realidad en el terreno. Estados Unidos ha emplazado constantemente a los gobiernos de estos países por su falta de transparencia y sus esfuerzos por desmantelar instituciones de control o que han identificado casos de corrupción en las gestiones actuales, como es el caso de la CICIES en El Salvador, la CICIG en Guatemala y la MACCIH en Honduras.
El Departamento de Estado deberá consultar con el Congreso para cualquier programa de entrenamiento y educación militar en estos países y dentro de esta cartera de gobierno propuso incrementar el staff a cargo de sanciones en Centroamérica.
Todas estas medidas que Torres busca que la Cámara de Representantes y el Senado aprueben se deben, a su juicio, a que “Estados Unidos tiene un interés en ayudar a estabilizar Centroamérica y proteger a la gente que ahí vive”.
Según el diagnóstico del gobierno de Joe Biden, la corrupción y la pobre democracia en estos países son de los factores que más debilitan que los Estados puedan proteger a sus ciudadanos más vulnerables, quienes conviven a diario con la pobreza y la violencia. Esta desesperanza les lleva a emprender el peligroso viaje a Estados Unidos.