Un juez impuesto no puede impartir justicia. Así lo señaló este viernes la abogada y analista política, Yanira Escobar, al analizar la reciente resolución emitida en torno a la masacre de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
“Hay que acotar que ningún juez que ha sido electo de manera ilegal puede impartir justicia, y entonces estamos ante una resolución emitida por un grupo de magistrados impuestos de facto que representan a los intereses de un régimen de un dictador constitucional”, dijo Escobar en la entrevista Dialogo con Ernesto López de canal 21.
El fallo al que ella se refiere fue emitido este miércoles 5 de enero por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos magistrados fueron impuestos el 1 de mayo de 2021, y que da luz verde a la reapertura del caso de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras asesinadas en noviembre 1989.
Al respecto, ella dividió dicho caso en tres aspectos. Primero, en la habilitación de los magistrados y del fiscal general para presentar recursos y resolverlos; segundo, en la postura de la UCA y finalmente en el uso de lo que se está haciendo desde la Sala de lo Constitucional.
Añadió: “Acá no se puede decir que hay un cumplimiento a la justicia porque personas que francamente han ido en contra de la ley son las que están juzgando a otros. Se pierde la finalidad de verdaderamente impartir justicia porque ellos fueron en contra de la ley, entonces ahí es donde le resta credibilidad a la situación que se está dando ahorita”.
“Podemos hablar de que se imparte justicia o podemos hablar de que se está utilizando los medios legales para politizar aún más el caso de que ya es político”, destacó.
Recordó que, en noviembre 2021, el padre José Maria Tojeira, en representación de los jesuitas manifestó que era inconstitucional la decisión que había tomado la Sala de lo Penal de la CSJ y que en esa ocasión él dijo que no iban a irse en contra de esa resolución ante la Sala de lo Constitucional porque era legitimar una Sala que era de facto.
“Ahora va ser interesante cual va a ser la decisión de la UCA. Si se van a apegar o no a esta resolución. El problema es quien la emitió (sentencia caso jesuitas) y en qué sentido la emitieron”, manifestó.
Por otra parte, consideró que el fallo en este caso se pudo haber dado para “que la UCA baje los decibeles y baje el nivel de critica que se está haciendo hacia decisiones del gobierno de la república”.
Enfatizó que debe analizarse la finalidad del fallo. A su juicio, lo que se ha dado es una sentencia política.
“Aquí en El Salvador se está utilizando todos los medios legales que se tiene para la concentración del poder, para dirigir las sentencias judiciales en contra o a favor de los intereses del gobierno”, concluyó.