El presidente Nayib Bukele decidió vetar 4 normativas, entre estas la Ley de Protección de Datos personales avalada por la anterior legislatura.
El pasado 28 de abril la Asamblea Legislativa entregó al presidente el Decreto Legislativo 875 que contiene la Ley de Protección de Datos que tiene por objeto la protección de los datos personales de las personas naturales o jurídicas de carácter privado o publico. Sin embargo, el mandatario lo vetó por considerarlo inconveniente.
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Los motivos que señaló son la falta de armonía con el marco legal salvadoreño e inadecuado diseño de mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales para la protección de datos personales.
Además, argumenta falta de idoneidad y experticia técnica en la conformación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos así como la falta de planificación presupuestaria para la implementación de la ley. Asimismo, Bukele vetó el Decreto Legislativo 873 por inconstitucional, el cual fue aprobado el 22 de abril y que contiene la Ley de Creación de la Autoridad Nacional Digital.
Este decreto tiene como objeto la creación de la Autoridad Nacional Digital y regular las coordinación de las administración pública y entidades privadas, así como establecer su rectoría en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs.
Según el presidente dicho decreto transgrede el principio de planificación y equilibrio presupuestario al imponerse al Órgano Ejecutivo una carga financiera sin tomar en consideración los aspectos principales que suponen dichos principios.
El Decreto Legislativo 874 que contiene la Ley de Fomento de la Economía Creativa también fue vetado por considerarlo inconveniente.
De igual manera vetó el Decreto 872 que fue aprobado el 22 de abril de este año y que contiene la “Ley Especial Transitoria de Suspensión de Procesos Judiciales por Obligaciones Crediticias de Productores de Café con la Banca Estatal”.
Bukele lo consideró inconstitucional porque viola el principio de igualdad. “Existen más similitudes que diferencias entre los diferentes productores de del país, no hay justificación para establecer un trato desigual, como indebidamente resultaría de la aplicación del decreto 872”, detalla el escrito.