Esta semana, el presidente de la República escaló el nivel de agresividad y hostilidad hacia los magistrados de la Sala de lo Constitucional, a quienes ha declarado la guerra por sus sentencias que corrigen la plana y obligan a su gobierno a ceñirse a lo que manda la ley.
Además de las tradicionales e infundadas acusaciones de ser “vendidos” o “corruptos”, esta semana el mandatario les acusó, sin prueba alguna, de estar vinculados al tráfico de drogas.
Ante esto, diversas organizaciones de la sociedad civil reaccionaron, condenando las declaraciones del presidente. Más recientemente, desde Washington DC, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) también ha condenado este patrón de ataques de Bukele.
Úrsula Indacochea, de la DPLF, dijo a El Diario de Hoy que estos “no son ataques gratuitos”. Con ello, la abogada peruana advierte que “en contextos donde hay rasgos de autoritarismo, los Ejecutivos atacan a la judicatura porque quieren convertirla en el discurso público en el problema, el enemigo, bastión de corruptos, y finalmente el sector por reformar”.
Es decir, el presidente y su círculo empiezan a atacar la reputación de los magistrados pues pueden tener como una pretensión el cambiar la conformación y misión del tribunal para ajustarlo a su medida y evitar que siga siendo un contrapeso para su poder.
Este tipo de mandatarios, de tinte autoritario, “refuerzan ese mensaje de estigmatización constantemente para crear la narrativa de que la judicatura es corrupta, no independiente y hay que reformarla y tomar medidas drásticas”, manifiesta con preocupación Indacochea, quien afirma haber visto esta práctica en múltiples ocasiones en lugares donde se intentó construir -o se logró constituir- un modelo autoritario.
El costo lo pagamos todos
El presidente parece generar una retórica agresiva contra los magistrados y pretende ponerlos en contra de un concepto vago y ambiguo de “pueblo”, entendido como todo salvadoreño que aplaude, y no cuestione, su gestión.
Sin embargo, ese debilitamiento no afecta únicamente a los magistrados en cuestión, a los opositores del gobierno o a quienes ven con buenos ojos las sentencias en que limita el ejercicio del poder.
Indacochea advierte que el debilitamiento de la justicia “trae altos costos para todos, incluso para el mismo presidente”. Al respecto, ilustra que mandatarios que transitaron la misma senda de abusos, buscan recurrir a la institucionalidad cuando años después se encuentran señalados por la justicia.
“Keiko Fujimori (en Perú), Evo Morales (en Bolivia), Rafael Correa (en Ecuador) acudieron al sistema interamericano de derechos humanos, mismo que criticaron, a pedir protección porque los aparatos judiciales de sus países ahora son débiles y no independientes y no les generan confianza de un debido proceso”, narra la abogada de la DPLF, quien sentencia que “la justicia débil golpea a todos los sectores, no solo los que en la coyuntura parezcan beneficiarse de los fallos”.
Guión repetido
Además, Úrsula Indacochea advierte que por mucho que Bukele busque pintarse como un nuevo tipo de líder, millennial y despreocupado, “está siguiendo el manual del gobernante populista autoritario”.
Esto, además, trae consigo nuevos riesgos a los magistrados -y opositores-, quienes se vuelven vulnerables no solo a ser difamados y atacados en redes y medios oficialistas, sino también a ser atacados físicamente por seguidores fanatizados del régimen, lamenta la jurista peruana.
Y un contexto de pandemia es el equivalente a que llueva sobre mojado para la institucionalidad. Esto, pues la ciudadanía organizada y comprometida por la democracia no puede salir a las calles a defender el sistema democrático, por las medidas de confinamiento para evitar contagios de COVID-19.
“Para un vals se requiere dos”
En su conversación con El Diario de Hoy, Úrsula Indacochea manifestó un temor adicional, y es que además de los crecientes ataques a instituciones, opositores y profesionales que cuestionan al gobierno, hay otras instituciones que parecen no actuar con la misma celeridad e ímpetu que la Sala de lo Constitucional.
En concreto, manifiesta su preocupación por la Fiscalía General de la República, quien ante ataques e incumpliminento de sentencias, no ha logrado posicionarse con la fuerza que la situación amerita.
“El fiscal general es el llamado a tomar acción y decir que es hay incumplimiento del marco legal y que va a investigarlo”, dice Indacochea y recuerda que la “comunidad internacional espera una reacción mucho más decidida” en defensa de la democracia salvadoreña.
“Para bailar el vals se necesitan dos. Para que haya una situación autoritaria no solo se requiere a un ejecutivo con rasgos autoritarios sino que coincida con instituciones de control que no ejercen su rol”, señala.