El mandato de la comisión especial de la Asamblea que indaga el acoso a periodistas y medios de comunicación está por finalizar, por lo que ya existe un informe preliminar que detalla dentro de sus conclusiones que el presidente Nayib Bukele; el Secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria; y el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, son “los principales responsables de violaciones relacionadas al Derecho de Libertad de Expresión y de Prensa en El Salvador”.
“Puesto que, prevaleciéndose de sus cargos públicos, han amedrentado, denigrado el trabajo periodístico, por medio de acciones sistemáticas tendientes a desacreditar las investigaciones, reportajes, opiniones vertidas por los mismos, pudiéndose deducir la probable comisión de hechos constitutivos de delitos, pues de acuerdo a lo manifestado por la mayoría de periodistas que comparecieron a esta comisión, quienes son unánimes y contestes en manifestar las reiteradas acciones en su contra, poniendo en peligro su vida y sus puestos de trabajo, debido a las constantes amenazas de las cuales se han visto expuestos, por el único hecho de ejercer su profesión de forma objetiva”, reza uno de los principales considerados del informe al que El Diario de Hoy tuvo acceso.
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Los diputados han determinado después de escuchar a periodistas y editores de medios digitales, como El Faro, la Revista Factum, la Revista Gato Encerrado; y medios escritos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica; periodistas independientes y a representantes de la Mesa de Periodistas, como a la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que “en El Salvador existe acoso, discriminación y maltrato a periodistas por parte del Órgano Ejecutivo; que existe bloqueo a la información pública y acceso a funcionarios públicos hacia ciertos medios de comunicación que son críticos a la actual administración; que existe uso de recursos públicos para atacar a periodistas y opositores por parte del actual gobierno presidido por Bukele”.
Señalan también que el Ejecutivo “mantiene una política de ataque, amenazas e intimidaciones las cuales no se reducen a los ámbitos frecuentes del trabajo periodístico, sino que trascienden a entornos virtuales donde los comparecientes y declarantes han manifestado el crecimiento exponencial de dichas agresiones por medio del accionar de los denominados troles que tienen como única finalidad deslegitimar el trabajo periodístico y contrarrestar las críticas o señalamientos que estos hacen al Órgano Ejecutivo”.
El informe preliminar también señala de “una posible restricción indirecta al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, las acciones realizadas por el Ministro de Hacienda, José Alejandro Zelaya Villalobo, en contra del periódico digital El Faro, por haber ordenado un proceso de fiscalización o auditoría a dicho medio; que de comprobarse la ilegalidad de dicho proceso fiscal, dicho funcionario podría estar incurriendo en ilícito de actos arbitrarios tipo penal previsto y sancionado en el artículo 320 del Código Penal”.
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Según esa normativa “el funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios en el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Otro punto que destaca el informe se desprende de las declaraciones brindadas por miembros del periódico digital El Faro y Revista Factum.“Esta comisión considera que se podría estar incurriendo en el posible cometimiento de los ilícitos siguientes: violación de comunicaciones privadas tipo penal previsto y sancionado en el artículo 184” y, además, el delito de “captación de comunicaciones tipo penal previsto y sancionado en el artículo 186 del Código Penal”; e “interferencia e intervención de comunicaciones telefónicas, tipo penal previsto y sancionado en el Artículo 302”.
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Esto a raíz de que los periodistas de El Faro aseguraron a la comisión especial que sus llamadas telefónicas han sido intervenidas y también son sujetos de seguimiento.
Según el artículo 186 del Código Penal, los que cometieren ese ilícito con el “fin de vulnerar la intimidad de otro, interceptare, impidiere o interrumpiere una comunicación telegráfica o telefónica o grabación del sonido, la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, será sancionado con prisión de seis meses a un año y multa de cincuenta a cien días multa. El que realizare los actos señalados en el primer inciso del presente artículo para preparar la comisión de un delito grave será sancionado con la pena de dos a seis años”, señala el informe.
Señalan los diputados que las mujeres periodistas por su condición de género se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad, después de escuchar a la editora de Economía de La Prensa Gráfica, Mariana Belloso, y a la periodista Carmen Rodríguez.
En el caso de Rodríguez, la comisión subraya que se menciona que ha sido víctima de ataques por su condición de periodista y sobre todo por su condición de mujer por parte de Sanabria, por lo que “dicho funcionario podría estar incurriendo en el ilícito de Expresiones de Violencia contra las Mujeres, tipo penal previsto y sancionado en el artículo 55 de la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”.
También señalan que existe una “posible injerencia del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), en la línea editorial de medios de comunicación que están bajo la administración de dicha institución; con el objeto de difundir información falsa o datos tergiversados acerca de acontecimientos, así como atacar, deslegitimar, desacreditar y mentir contra personas, periodistas y medios de comunicación que son críticos al gobierno”.
Advierten que el Ejecutivo ha incumplido de “forma deliberada las recomendaciones dadas por el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las cuales fueron aceptadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Según ese convenio el Estado salvadoreño se comprometió a aumentar la protección de los defensores de derechos humanos y los periodistas y garantizar su derecho a trabajar en un entorno seguro y propicio, así como investigar de manera inmediata, exhaustiva e imparcial todas las denuncias de amenazas, actos de violencia e intimidación en su contra.
Dentro de las recomendaciones que otorgan los diputados de la comisión especial es que la Asamblea certifique el informe a la Fiscalía con el fin de que se investigue el posible cometimiento de delitos por parte de algunos funcionarios del Ejecutivo en contra de personas periodistas.