Bukele sigue en la mira de la ONU por acciones arbitrarias

Eso incluye abusos policiales y detenciones fuera de la ley por romper cuarentena. La Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU calificó de preocupantes las violaciones a los derechos humanos de algunos gobiernos, entre estos el de El Salvador.

Los retenes policiales son los puntos donde más violaciones a derechos fundamentales se han generado en el país, pues ahí se producen las detenciones automáticas prohibidas por la Sala de lo Constitucional. Foto EDH / archivo

Por Tomás Guevara

Abr 30, 2020- 12:02

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, habla con propiedad sobre la materia que dirige desde la ONU, pero también de los riesgos de la pandemia del coronavirus que tiene al mundo en vilo. Como médico especialista en salud pública, como expresidenta de Chile durante dos períodos alternos entre 2006 y 2018, e incluso como ex ministra de Salud Pública y de Defensa de su país, sabe los alcances de las secretarias de estado para responder en tiempos de emergencia.

En un foro en línea convocado ayer por el tanque de pensamiento Diálogo Interamericano en Washington, la alta comisionada habló de las preocupaciones que llegan a la instancia que dirige sobre las violaciones que se están dando en el contexto de la pandemia de COVID-19.

El Salvador no escapa a sus observaciones y monitoreo. Bachelet mira con especial preocupación el tema de derechos humanos, libertades fundamentales y contrasta cómo otros países abordan la crisis dentro de los límites democráticos y con apego al estado de derecho.

En la línea de observaciones, manifestó preocupación por la actuación arbitraria y desproporcionada de las fuerzas del orden público y cómo Nayib Bukele ha decidido ignorar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de Corte Suprema de Justicia, las cuales son de estricto cumplimiento, sin apelación ni interpretación y pilar de los frenos y contrapesos del estado democrático.

“En El Salvador estamos observando casos de uso excesivo de la fuerza, muchas personas han sido arrestadas y detenidas en condiciones de hacinamiento por violar la cuarentena, y el gobierno ha ignorado los fallos reiterados de la Corte Suprema de Justicia contra tales medidas”, explicó Bachelet.

Como exministra de Defensa y Salud, cargos que ocupó a principios del siglo en su país, goza de la experiencia para reconocer que las fuerzas armadas no están capacitadas para suplir funciones de seguridad pública y que bien harían los estados en calibrar los alcances de su uso, al ser cuerpos muy bien entrenados para cumplir funciones humanitarias, como transportar ayuda, hacer logística para el montaje de hospitales de campaña y hasta repartir alimentos entre la población afectada.

La alta comisionada agregó que desde su oficina hay un constante monitoreo de la situación en toda la región latinoamericana, región con amplias franjas de población en gran vulnerabilidad y que en entornos como el de la pandemia del coronavirus empeoran su condición.

Michelle Bachelet se detuvo durante el conversatorio dirigido por el presidente de Diálogo Interamericano, Michael Shifter, en el tema de los inmigrantes, un fenómeno que atañe a todos los países del hemisferio occidental en diferentes niveles, además de abordar la protección de la mujer ante los casos de violencia de género que se han disparado a niveles alarmantes.

“Algunos de los más vulnerables a la hora de afrontar esta crisis son aquellos que ya estaban en riesgo. La protección de los migrantes en América Latina, por ejemplo, es una fuente de preocupación, con reportes de deportaciones, cierres de fronteras y restricciones legislativas entre otras situaciones que se están dando”, ahondó la funcionaria de la ONU.

Recuperación económica y libertad de expresión, prioridades
La expresidenta de Chile y el presidente de Diálogo Interamericano, Michael Shifter, analizaron también que el contexto de la pandemia ha servido también para visualizar el nivel de preparación de los gobiernos, desde los que se han concentrado solo en el abordaje del problema de salud pública, y de otros que también están buscando amortiguadores para contrarrestar el choque en la economía.

“En El Salvador estamos viendo casos de uso excesivo de la fuerza”.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas

Para Michelle Bachelet, en ese punto los gobiernos de la región tienen un menudo reto, porque asegurar la subsistencia y recuperación de la economía debe saltar ya a la primera prioridad, en especial porque América Latina tiene uno de los sectores del mercado informal más grandes y dónde se genera la principal fuente de empleo.
Datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apuntan que el sector del mercado informal y los pequeños negocios rozan el 70% de las fuentes de empleo en la región, con lo que cualquier plan recuperación económica tiene que enfocarse en este segmento para tener éxito.

Bachelet enumeró también como prioridad el respetó a la libertad de expresión y ejercicio del periodismo, claves para fomentar un debate sano de ideas y soluciones en un estado democrático. Según ella, a mayor libertad de prensa más espejos tienen los gobiernos para ver dónde están fallando sus políticas y sus decisiones y dónde están los aciertos.

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU también se mostró preocupada por los estigmas que se están generando a partir de la pandemia contra personas y grupos específicos, cuando individuos u autoridades de localidades tomen medidas por decisión propia y sin criterio técnico para atacar o marginar a colectivos a los que consideran “portadores del virus”.

“La pandemia del coronavirus está generando una ola de estigmas y discriminación en todo el mundo contra ciertos grupos étnicos, a los que consideran sospechosos de tener el COVID-19; en este punto puedo señalar que hay también muchos atropellos contra los trabajadores de la salud”, ahondó.

Michelle Bachelet dijo que todos los pacientes que han contraído esta enfermedad que se ha extendido por todo el mundo a una velocidad impresionante deben recibir la atención médica necesaria y no convertirse en víctimas del odio y del rechazo ciudadano, menos desde los estamentos del estado.

Sobre los migrantes que urgen regresar a su país, como los miles de salvadoreños a los que el gobierno aún prohíbe el ingreso por conside
rarlos posibles contagios, dice que es una obligación del estado generar las condiciones para su retorno.
“Los migrantes que regresan a su país de origen deben ser incluidos en las estrategias de respuesta nacional, de protección social y de recuperación, sin discriminación alguna, y deben ser protegidos de la estigmatización y la marginación, lo mismo en la esfera pública que en la privada”, puntualizó Bachelet.

 

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