Más de 500 periodistas, escritores, artistas, documentalistas, entre otros, de 49 países de todo el mundo respaldaron una carta que la Fundación Gabo envió al relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, para que investigue los ataques a El Faro y otros medios independientes que han sufrido de parte del presidente Nayib Bukele por sus artículos periodísticos.
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“Los suscritos miembros del Consejo Rector de la Fundación Gabo, otros voceros de la comunidad de periodistas iberoamericanos y ciudadanos de distintos países que compartimos la defensa de los más altos estándares de ética y calidad periodísticas, expresamos nuestro más enérgico rechazo a la escalada de ataques contra la prensa independiente de El Salvador y el Estado de Derecho ejercida por el presidente de ese país, Nayib Bukele”, inicia la misiva para Lanza.
La Fundación periodística relata cómo desde el Ejecutivo los ataques verbales contra los medios críticos han surgido en un contexto en el cual estos medios han reportado casos de presunta corrupción en el gobierno durante la pandemia o más específicamente por la revelación de reuniones entre funcionarios gubernamentales y pandillas para una segunda tregua.
“Ese clima de acoso y estigmatización de los medios de comunicación que fiscalizan al poder ha recrudecido en las últimas semanas y alcanzó niveles inauditos, después de que El Faro revelara el 3 de septiembre una negociación secreta entre el Gobierno de Bukele y una de las más peligrosas bandas del crimen organizado de ese país (la Mara Salvatrucha, MS-13), con vistas a las elecciones de 2021 en El Salvador”, relata la carta.
Los periodistas señalan en específico una investigación de la cual está siendo objeto El Faro, pues a su juicio tiene un claro mensaje de hostigamiento a la labor periodística que realiza el medio digital fundado en 1998.
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“El último eslabón de esa escalada se produjo en la noche del 24 de septiembre cuando el presidente Bukele anunció por cadena nacional que El Faro está siendo investigado por “lavado de dinero y evasión tributaria”. En un momento de su agresiva alocución, el presidente mostró un video en el que aparece el fundador de El Faro, el destacado periodista Carlos Dada, informando en la Asamblea Legislativa de los ataques de los que el periódico ha sido objeto por parte del Gobierno”, explica la misiva.
Aunque la petición es concreta sobre los ataques hacia el medio digital, la junta de la fundación también hace extensivo el llamado a poner atención al clima actual contra otros medios críticos que también han denunciado posibles casos de conflictos de intereses en compra de mascarillas u otros insumos médicos en el cual se han visto involucrados familiares o los mismos funcionarios del Gabinete como el ministro de Salud, Francisco Alabí o Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda.
“No solo El Faro fue blanco de los ataques del presidente Bukele el 24 de septiembre. Tres cuartas partes de su alocución de dos horas -transmitida a todo el país- estuvieron dedicadas a denostar y descalificar el trabajo de otros medios de comunicación, como Factum, Focos, Gato Encerrado, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Colatino y El Mundo”, reza la carta.
Dentro de este contexto, la Fundación Gabo denuncia además seguimientos a casas de periodistas de El Faro.
“A ello se suman seguimientos y fotografías a las casas de periodistas de El Faro y las acusaciones del presidente y altos funcionarios de su Gobierno. El presidente Bukele escribió en Twitter el 4 de septiembre: “Que no quede un ápice de credibilidad de ese panfleto”; y durante la cadena nacional del 24 de septiembre, inmediatamente después de que Bukele anunciara la investigación por lavado de dinero y evasión tributaria contra El Faro, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, tuiteó: “no hay vuelta atrás, @nayibbukele”.”
Fundación Gabo pone énfasis en cómo estos ataques a los medios críticos no abonan a la construcción de la incipiente democracia del país y mucho menos al Estado de Derecho.
“Los ataques violan las garantías institucionales de un estado democrático. La criminalización y estigmatización de los medios de comunicación y de los periodistas deteriora gravemente el Estado de Derecho”, afirma.
Por lo tanto, los firmantes solicitan a la relatoría de la CIDH que:
1. Monitoree de manera especial y con extrema urgencia la situación en El Salvador al más breve plazo.
2. Exprese cuanto antes de manera pública su opinión calificada sobre los graves hechos acá reseñados, a la luz de los estándares interamericanos de libertad de expresión.
3. Anuncie pública y formalmente que la relatoría estará observando detenidamente las condiciones de la prensa en El Salvador.