“Graves violaciones” del gobierno de Bukele a la independencia judicial, tales como la desobediencia a una resolución de la Sala de lo Constitucional para no impedir el ingreso de salvadoreños al país, así como la decisión de bloquear a un juez para investigar archivos militares, fueron denunciadas por el Instituto lberoamericano de Derecho Constitucional Sección El Salvador (IIDC) ante las Naciones Unidas.
Los hechos están contenidos en una carta abierta firmada por el presidente del IIDC, el exmagistrado constitucionalista Rodolfo González, ante el doctor Diego García-Sayán, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, con sede en Ginebra.
El IIDC es un organismo para la defensa de la Constitución que reúne a destacados especialistas en la materia como González, Enrique Anaya y René Hernández Valiente, entre otros.
En la misiva, González denuncia el incumplimiento de sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente Bukele, y el incumplimiento, por parte del Ministro de Defensa Nacional, de resolución judicial que ordena inspección en archivos militares.
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Además denuncia ataques a los magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte del presidente. Estos y otros hechos se encuentran documentados en la cuenta de Twitter del presidente Bukele, indica el jurista.
Al detallar los casos, González reseña que el más reciente incumplimiento de resoluciones de la Sala de lo Constitucional por parte del Presidente y de funcionarios del Órgano Ejecutivo ocurre ante resolución el 18 de septiembre de 2020, que reiteró que es inconstitucional negar la entrada al territorio salvadoreño a los nacionales y a los extranjeros con residencia definitiva en el país, en este caso por no presentar prueba PCR de COVID-19 realizada en las últimas 72 horas.
Sin embargo, “al abrir el aeropuerto el 19 de septiembre de 2019, en distintas fronteras del país, las autoridades de migración exigen que nacionales presenten la prueba mencionada”, dice la carta.
Lo anterior, dice el jurista, también generó inseguridad jurídica sobre las reglas aplicables, ya que varias líneas aéreas rehusaron a traer al país a personas que no presentaban la prueba previo al abordaje, ya que el Presidente y las autoridades migratorias insisten, a través de redes sociales institucionales y comunicados oficiales, sobre la obligatoriedad de presentar la prueba para ingresar al país e incluso en un momento entraron en contradicciones.
Por otra parte, el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, intentó llevar a cabo inspección de archivos militares antiguos, para obtener información sobre la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981.
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“Tal diligencia judicial es parte del proceso penal en contra de los autores materiales e intelectuales de dicha masacre, ocurrida durante la dolorosa guerra civil que vivió nuestro país. No obstante haber notificado en debida forma al Ministro de la Defensa y haberse presentado este día para realizar dicha inspección, un representante de Ministerio de la Defensa impidió el acceso del juez a las instalaciones donde se encuentran resguardados los archivos y le informó que no se le permitiría el acceso ni la realización de la inspección, en total desacato de la resolución judicial”, dice la carta.
Lo anterior fue documentado y transmitido en vivo por la televisión y la prensa salvadoreña.
Todo esto se agrega a múltiples manifestaciones del presidente Bukele como “que de ser dictador los hubiera mandado a fusilar a todos, para salvar 1000 vidas en lugar de 5″, en lo que se considera una alusión a los miembros de la Sala de lo Constitucional.
“Han sido muy frecuentes y agresivos los ataques hacia los magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte del presidente de la República, especialmente a través de redes sociales o de conferencias y reuniones grabadas y divulgadas a través de estos medios”, afirma González.
El constitucionalista recalca que “estas actuaciones constituyen graves afectaciones a la independencia judicial dada la investidura del presidente de la República y de lo sistemáticas que se han vuelto, lo cual atenta contra nuestra Constitución, pero también contra instrumentos como los Principios de Naciones Unidas sobre la Independencia judicial”.
Los juristas le solicitan al Relator de la ONU que “se pronuncie sobre las restricciones a la independencia judicial de las cuales están siendo objeto varias autoridades judiciales en El Salvador y, en consecuencia, haga un enérgico llamado al presidente de la República y a los miembros del Órgano Ejecutivo que se niegan a acatar las resoluciones judiciales”.
Los miembros del IIDC llaman a que “cesen las afectaciones y ataques a la independencia judicial y cumplan las resoluciones de los jueces, tal como ordena el derecho internacional de los derechos humanos y nuestra Constitución”.