Además de las amenazas a los medios de comunicación, el presidente ha encabezado un desmontaje de las instituciones que velan por la transparencia en el país.
En solo dos años, el oficialismo se ha tomado el Instituto de Acceso a la Información Pública, donde ha colocado comisionados que responden al Ejecutivo y socavan la independencia de la entidad.
Además, los diputados de Nuevas Ideas y sus leales aliados de GANA, PCN y PDC removieron al fiscal Raúl Melara y colocaron de forma ilegal a un abogado afín al gobierno, cuando la Fiscalía tenía en su poder al menos una docena de expedientes de presunta corrupción.
Que el presidente ataque a los medios y a sus críticos, y que además neutralice a las instituciones que controlan su poder no solo es una amenaza a quienes son blancos de sus diatribas.
En vista de que los medios de comunicación exponen malos usos de recursos públicos y las instituciones buscan establecer frenos y mostrar cómo se gasta cada dólar de impuestos, la consecuencia principal de estas acciones del gobierno de Nayib Bukele es que los ciudadanos ya no tienen garantías de que su dinero será bien empleado o que haya consecuencias para quienes abusen.
Impunidad, la nueva regla
El miércoles 5 de mayo, el oficialismo avaló una Ley de Salud que blinda de forma retroactiva los posibles ilícitos cometidos durante la pandemia. Esto sucede mientras hay al menos una docena de expedientes de presunta corrupción en varias instituciones del Ejecutivo.
Con la captura de la Fiscalía, la politización de la Policía Nacional Civil y el desmontaje de otras instituciones, los supuestos ilícitos no tendrán consecuencia alguna. La impunidad del pasado... retornó.