"Los íntimos colaboradores de Nayib, sancionados internacionalmente, a un paso de ser procesados en tribunales federales de Estados Unidos por negociar con terroristas mareros y tejer nexos de corrupción con ellos".
Así reaccionó el experto en temas internacionales, Napoleón Campos, al conocer que dos fuentes oficiales informaron a la agencia de noticias Reuters que las autoridades de Estados Unidos estarían preparando cargos penales contra Osiris Luna, director de Centros Penales, y Carlos Marroquín, director de Tejido Social por negociar una tregua con pandillas.
Al respecto, Campos cuestionó en su cuenta de twitter ¿Aceptará Bukele la extradición de sus mafiosos?"
Los cargos exactos no se han finalizado, según dijeron las fuentes a Reuters, pero que probablemente se centrarán en prácticas corruptas y en asociarse con grupos responsables de crímenes violentos. Las acusaciones serán presentadas en los próximos meses, indicó la agencia.
Esta semana el Departamento del Tesoro del gobierno estadounidense impuso sanciones a estos dos funcionarios de la gestión Bukele por haber participado en negociaciones con altos mandos de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
Las sanciones han sido aplicadas bajo la Ley Global Magnitsky y suponen el congelamiento de cualquier activo que los involucrados puedan tener en Estados Unidos y les prohíbe toda transacción a través del sistema financiero estadounidense.
En relación a eso, Campos realizó una exhortación en sus redes sociales a los servidores públicos. "Si usted es funcionaria/o del gobierno de turno y es corrupta/o y ha cometido actos anti-democráticos, está a tiempo: rectifique para no terminar en tribunales de EE.UU. como Osiris Luna y Carlos Marroquín. Si le dicen que la va a librar, le mienten. La justicia lo alcanzará", subrayó.
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La directora Anticorrupción de Cristosal, Ruth Eleonora López, destacó la reacción del mandatario salvadoreño.
"Lo que llama la atención es que el presidente Nayib Bukele en vez de iniciar una investigación, pues simplemente los proteja, tal pareciera que se está protegiendo a sí mismo también", opinó.
A juicio del presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz "esto pone una presión adicional a las autoridades salvadoreñas porque si las autoridades estadounidenses con esta seriedad están iniciando este tipo de acciones, El Salvador debería estar haciendo exactamente lo mismo a través de las instituciones encargadas de la persecución del delito, concretamente, la fiscalía".
Sáenz destacó que el Estado salvadoreño es miembro suscriptor de las principales convenciones internacionales en materia de combate a la corrupción que están al amparo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
"Estas convenciones internacionales entrañan para el Estado salvadoreño una obligación o un compromiso internacional de combatir la corrupción y por lo tanto, de iniciar los procesos correspondientes", enfatizó.
Wilson Sandoval, coordinador de Alac-Funde, hizo enfasís en que la decisión de que los EE.UU. prepare acusaciones contra funcionarios públicos salvadoreños o de cualquier otro país, es una decisión meramente soberana de la Fiscalía y del departamento de Justicia.
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Añadió que en caso que se dé una acusación formal, será interesante ver el trabajo del fiscal designado para ello y de la corte federal correspondiente. "El sistema de los EE.UU. es reconocido por el alto estándar de independencia y a la vez, de la carga que asigna a las pruebas periciales y científicas, como es la trazabilidad de fondos que pueden estar involucrados en un delito", manifestó Sandoval.
Destacó que las cortes federales gozan de total independencia del poder Ejecutivo y del Congreso en aquel país. "Ya existen precedentes de casos federales relacionados con funcionarios públicos de países latinoamericanos, tales como: como el expresidente de Panamá, Manuel Noriega o ex funcionarios venezolanos de PDVSA", puntualizó.
Por su parte, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, consideró que el que ya se estén preparando procesos judiciales contra algunos funcionarios salvadoreños significa que hay un sustento de lo suficientemente solido para iniciar un proceso judicial contra estos funcionarios.
"Ya no puede señalarse de que únicamente están basándose en reportajes periodísticos sino que hay elementos probatorios que puedan fundamentar una acusación, entonces, ya esto tiene otra implicación. Expone a El Salvador en un nuevo nivel, teniendo funcionarios que están siendo investigados y hasta procesados en los Estados Unidos por cometer actos ilícitos", concluyó