Casi todos los caminos de Centroamérica conducen a Managua. Y El Salvador no es la excepción.
En los últimos años, casi todos los países del istmo han experimentado un notorio debilitamiento de la democracia y la institucionalidad. En El Salvador, esto se ha evidenciado en el desmantelamiento del balance de poderes, retrocesos significativos en la lucha anticorrupción y hostilidades hacia quienes disienten del poder desde los partidos y la sociedad civil. Asimismo, se abandona la idea de elecciones libres, justas y transparentes.
Los avances en institucionalidad, acceso a la información pública y empoderamiento ciudadano están siendo rápidamente sustituidos por una centralización del poder político y un cierre de espacios cívicos. A un ritmo acelerado, El Salvador está viéndose cada vez más en el espejo de Nicaragua.
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El discurso y la realidad
Hace dos años y medio, cuando Nayib Bukele estaba por asumir la presidencia de la República, anunció que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, no estaba invitado a su toma de posesión.
En abril de 2019, hizo claro que ni Ortega ni su contraparte hondureña, Juan Orlando Hernández, eran bienvenidos a su inauguración en el poder. “¿Cuál es la diferencia entre Hernández y Ortega? Uno se dice de derecha, el otro de izquierda. Pero la realidad es que ambos están en el poder a la fuerza, a costa de muchos muertos y sin legitimidad democrática. La lucha de nuestros pueblos hermanos es también la nuestra”, manifestó el mandatario salvadoreño. Este mensaje provocó alguna esperanza de que su estilo iba a distanciarse de la matonería y la violencia con la que se conducen sus homólogos.
Dos años y medio después, Bukele sigue condenando a Ortega. Pero las acciones que conduce su gobierno, así como los diputados que él controla y las instituciones que ha capturado muestran similitudes con el régimen nicaragüense.
El ejemplo más claro es el del anuncio reciente del anteproyecto de Ley de Agentes Extranjeros. Este busca limitar el acceso a financiamiento para organizaciones de sociedad civil críticas, así como limitar su libertad de expresión. Además, supone una afrenta a la cooperación internacional que libremente decide apoyar proyectos para fortalecer la democracia, el acceso a la justicia y la transparencia, entre muchas otras áreas, en el país. Con esta ley, se cobrará un 40% de tributo a cada donación a las organizaciones que deban regirse por este proyecto.
En Nicaragua también se aprobó un proyecto de ley de este tipo y ha servido para cerrar aún más el espacio cívico y continuar la política de acoso a opositores, críticos y todo aquel cuyas acciones riñan con la triunfal narrativa del régimen. Bajo esta normativa y otras complementarias, decenas de políticos y críticos del régimen han sido acosados, perseguidos o incluso apresados injustamente en el país vecino.
En El Salvador, este hostigamiento está cada vez más presente. Quienes señalan vacíos en el gobierno de Nayib Bukele o exigen políticas claras y transparentes se enfrentan a insultos, acoso virtual y, en ocasiones, al uso de las instituciones del Estado para disuadirlos de ejercer su libertad de expresión.
No solo es la Ley de Agentes
Esta iniciativa de ley ha elevado considerablemente las alarmas y ha colocado el símil de Nicaragua en boca de muchos salvadoreños. La directora de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Xenia Hernández, dijo a El Diario de Hoy que este proyecto “es un espejo del de Nicaragua” y advirtió que las organizaciones ya transparentan sus donantes, al tiempo que es el gobierno quien mantiene en la oscuridad sus cuentas.
Pero esta no es la única área donde el gobierno emula a su par nicaragüense. A juicio de Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, “la captura de instituciones” es el área donde más paralelismos hay entre ambos gobiernos.
Wilson Sandoval, coordinador de Alac-Funde, de al menos tres similitudes en ambos países: la situación alarmante de violación a los derechos humanos, la cooptación de los poderes políticos “desde lo electoral, pasando por lo judicial hasta el tema legislativo” y la corrupción.
“Informes como el de Transparencia Internacional y otros similares encuadran a ambos países no muy distantes el uno del otro en términos de combate a la corrupción. Están haciendo un trabajo precario en ese sentido”, lamenta.
Y es que en los últimos seis meses, Nayib Bukele, auxiliado por los diputados que controla, han desbaratado el balance de poderes. En su primer día de trabajo, removieron ilegalmente a la Sala de lo Constitucional e impusieron por la fuerza a abogados afines a su proyecto.
Además, a finales de septiembre aprobaron, sin tener las facultades para hacerlo, una reforma a la Ley de la Carrera Judicial a fin de retirar a los jueces mayores de 60 años. Esto agrava el control sobre el órgano judicial, uno de pilares fundamentales del Estado de derecho.
En Nicaragua, ha sido mediante el control del aparato judicial que Daniel Ortega se ha garantizado impunidad para sus actos, además de severidad contra sus opositores y críticos, muchos de los cuales están en prisión injustamente. Esto incluye decenas de críticos, a personajes que hace décadas lucharon junto a Daniel Ortega por superar la dictadura de los Somoza y siete candidatos que competían contra el caudillo y que amenazaban su reelección.
Y esto último, la reelección, que la Constitución nicaragüense no permitía, Ortega lo logró mediante una sentencia espuria realizada por los magistrados que él controla. Esto mismo ocurrió en El Salvador el pasado 3 de septiembre, cuando los magistrados impuestos el 1 de mayo en la Sala de lo Constitucional emitieron un fallo que adversa la misma ley máxima del país, algo para lo que no tienen facultad.
Las diferencias entre Nicaragua y El Salvador aún son notorias, y la intensidad en que el modelo autoritario somete a sus ciudadanos sigue siendo disímil.
Sin embargo, la senda parece buscar el mismo fin: que la acción política gire en torno a una sola persona y que todo aquel que se le oponga o critique esté en riesgo de enfrentar consecuencias, logrando así el silencio y la intimidación de otros críticos.
Más allá de los cuestionamientos que Nayib Bukele, sus diputados y sus seguidores hagan de Daniel Ortega, cada día sus acciones se asemejan más al modelo sandinista.
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