Los golpes a la institucionalidad que ha propinado Nayib Bukele y han sido tramitados por la bancada oficialista en el Congreso no están pasando desapercibidos.
El presidente juvenil tiene una sed desmedida de poder y está amenazando el balance de poder y libertades como la de prensa, que le han generado múltiples y significativas condenas de la comunidad internacional.
El principal socio de El Salvador, Estados Unidos, rechazó con contundencia el golpe al poder Judicial que dio la bancada oficialista el 1 de mayo, día en que tomó posesión.
Esto fue calificado como una afrenta a la democracia y llevó al secretario de Estado, Antony Blinken, y a la vicepresidenta Kamala Harris a rechazar la destitución de magistrados independientes y la imposición de abogados afines al oficialismo.
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Además, el embajador de la Unión Europea, Andreu Bassols, calificó de chocantes los hechos del 1 de mayo. Frente a un Bukele que convocó a los diplomáticos acreditados en el país, el representante europeo reprobó el intento por concentrar el poder del mandatario.
Con Estados Unidos, la relación es cada vez más tensa y se empieza a vislumbrar una serie de sanciones y consecuencias para personajes del oficialismo vinculados a golpes a la democracia, violaciones a los derechos humanos y corrupción.
Asimismo, Washington decidió retirar la cooperación a instituciones como la Corte Suprema, el Instituto de Acceso a la Información, la Fiscalía y la PNC.
Es decir, en dos años, la promesa de un El Salvador renovado desembocó en un país que puede terminar como un paria, fuera del concierto de las naciones.