Nayib Bukele ha girado hacia el autoritarismo en un mes de cuarentena obligatoria

El presidente ha utilizado la crisis actual para aumentar su poder, denuncian abogados y analistas. Desconocer fallos judiciales y disfrazar de ataque el disenso es para ellos un claro signo de alarma.

Durante 48 horas se llevó a cabo una restricción de movilidad en el Puerto de La Libertad, que fue tildada como "cerco militar". Aunque se presentó como una medida sanitaria, el Gobierno no informó de resultados tras este control. Foto EDH/ Yessica Hompanera

Por Ricardo Avelar

Abr 21, 2020- 05:50

No había terminado de asentarse el polvo autoritario que Nayib Bukele levantó al militarizar el Palacio Legislativo el pasado 9 de febrero cuando generó una nueva alarma a observadores nacionales e internacionales con demostraciones de pretender gobernar desconociendo límites y sin actitudes democráticas.

Hace exactamente un mes, Bukele anunció una cuarentena domiciliar obligatoria orientada a prevenir el alza en contagios de COVID-19, al mantener a la gente en sus casas y reducir las salidas de la ciudadanía a lo meramente esencial.

Si bien la medida coincide con recomendaciones de instituciones como la Organización Mundial de la Salud de mantener el distanciamiento social, la ejecución de esta ha levantado las alarmas, pues el presidente ha ordenado que a los infractores se les traslade automáticamente a centros de contención a una cuarentena de 30 días o incluso más, hasta que se les practique la prueba.

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A juicio de analistas, abogados y defensores de derechos humanos, con esto se ha empoderado a efectivos policiales y militares a actuar de manera arbitraria, a exceder sus funciones y a violar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Además, consideran que el confinamiento automático es ilegal y que debería haber una razón objetiva para considerar a un infractor una fuente de contagio de COVID-19 que justifique llevarlo a un albergue.

Según datos del mismo gobierno, hasta este lunes 20 de abril había 2,220 detenidos por violar la cuarentena obligatoria.

Ante esta medida, la Sala de lo Constitucional ha emitido al menos dos resoluciones en las que prohíben esta detención automática. Esto fue rechazado al instante por Bukele, quien adelantó que desconocerá una resolución de estricto cumplimiento.

Posteriormente, ha utilizado esa red social para insistir en que sus cuerpos de seguridad procedan a estas detenciones, reforzando su desconocimiento a la independencia judicial y a la separación de poderes.

Una senda peligrosa

La separación de poderes que se controlan entre sí es el mecanismo de las democracias para prevenir que el poder embriague tanto a una persona que la lleve a gobernar con base en caprichos y resentimientos.

Desconocer estos límites es una señal temprana de un impulso autoritario. Algo que el mismo Bukele parecía entender en 2013, cuando tuiteó: “Ya aburren con que la ley va a atar las manos del futuro presidente… Para eso son las leyes, para que no hagan solo lo que les da la gana”.

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El mandatario, sin embargo, ha aprovechado la pandemia para demeritar los límites democráticos e institucionales, e incluso calificar a quienes critican sus posturas de estar “del lado del virus”.

Asimismo, ha privilegiado la respuesta militar o policial sobre la solución técnica o médica. Por ello, ha optado por medidas draconianas, como un cerco armado al puerto de La Libertad el fin de semana, algo que ordenó vía Twitter sin sustento legal.

La prevalencia de las armas sobre aspectos técnicos y fluidez de información es un signo de poder desbocado, coinciden analistas. Foto EDH / Archivo

Todo se suma a una actitud de más larga data de gobernar mediante presión a opositores, de descalificación a la prensa y quienes le critiquen y de privilegiar los aplausos sobre el sano disenso democrático.

“La emergencia ha generado las condiciones propicias para que el presidente aproveche su popularidad, el discurso que implementa y tener a las fuerzas armadas de su lado. Esto configura una demostración de una forma de gestionar y gobernar de manera autoritaria”, opina Eduardo Escobar, director Ejecutivo de Acción Ciudadana.

Por su parte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), afirmó que “Bukele ha venido mostrando un estilo autoritario y desenfadado de gobernar” desde el 9 de febrero. Este experto añade que el mandatario “está usando la pandemia como pretexto para concentrar el poder en sus manos y de paso debilitar a las instituciones democráticas que actúan como un freno a su poder”.

Bukele, por su parte, ha optado por bloquear a Vivanco de Twitter.

El representante de HRW criticó el cerco militar en La Libertad, que prohibió a la población salir de sus casas, ni siquiera para ir al supermercado o a la farmacia. “Fiel a su estilo, su medida fue anunciada por Twitter y rápidamente implementada por militares y policías. (…) Fue una medida desproporcionada arbitraria y punitiva, sin planificación ni discusión previa, típica de Bukele”, añadió.

La jurista Marcela Galeas considera que “los ‘cercos sanitarios’ le sirven para mostrar que los militares están con él. Ahí no hay finalidad de salud pública sino de sometimiento forzoso”.

Esta jurista ha sido una de las decenas de víctimas de turbas digitales afines al gobierno por sus críticas o cuestionamientos al estilo de gobernar de Bukele.

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Arnau Baulenas, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), consideró que “prácticamente a diario y a través de manifestaciones en Twitter se puede advertir un carácter poco democrático” del presidente. A su juicio, son signos de alarma no acatar el fallo de la Sala, sus órdenes que a pesar de reñir con la ley pretenden buscar obediencia absoluta y la arbitrariedad de tener a las personas más de 30 días en cuarentena, incluso bajo condiciones infrahumanas.

Baulenas duda que el presidente comprenda que gobernar en democracia hay frenos y contrapesos. “Él cree que si alguien lo refuta se vuelve el enemigo”, señala.

Escobar, de Acción Ciudadana, señala que pese a las actitudes del presidente, la Sala de lo Constitucional sigue siendo un límite al poder. Sin embargo, prevé que esta instancia pueda enfrentar dificultades para forzar el cumplimiento de sus fallos y castigar el desacato si el mandatario tiene de su lado y de forma incondicional a los cuerpos de seguridad. Eso, a juicio del jurista, es muy grave. Sin embargo, la Sala ha recordado que violar derechos fundamentales trae responsabilidades individuales y no puede usarse el argumento de obediencia debida (seguir órdenes) para eximirse de castigo.

Las pobres credenciales democráticas del gobierno, que privilegia la obediencia y el aplauso sobre el disenso y el diálogo, son muy graves. Especialmente, cuando hace solo dos meses llenó de armas largas y hombres uniformados el Congreso.

La matonería, el buscar al “enemigo” interno o externo y el acoso a opositores son realidades que también están viviendo otros países, como Hungría, donde también se ha utilizado esta crisis para consolidar el poder de manera ambigua y sin fecha de caducidad.

Sin embargo, la sociedad civil se mantiene firme contra estos abusos de poder. Decenas de ciudadanos han acudido a la Sala y la Procuraduría de Derechos Humanos. Los medios mantienen su vigilancia y analistas de múltiples disciplinas recuerdan al gobierno que vale más la planificación que la demostración de poder militar.

El presidente podrá optar por un estilo poco democrático, pero al igual que en múltiples ocasiones en el pasado, muchos salvadoreños resisten y eligen la sensatez y la libertad.

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