Ante el cuerpo diplomático, el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que no hay dictadura en el país y que la gente manifestó sin sufrir represión.
Los signos de autoritarismo, sin embargo, van más allá de cómo se aborde una protesta o que no haya policías esperando interceptar a los manifestantes.
Lo cierto es que en El Salvador hay una peligrosa concentración de poder en ciernes. En los últimos dos años, el país ha presenciado cómo el Ejecutivo ha ido capturando casi todas las instituciones capaces de ejercer un control sobre sus actos.
Algunas, como la Asamblea Legislativa, por la vía del voto popular. Pero aun en este proceso, las reglas del juego resultaron desiguales para el oficialismo y la oposición. Los primeros contaron con el apoyo del Estado para hacer campaña. Los últimos, con bloqueos para acceder a la deuda pública, con una asfixia financiera a sus alcaldes y con un presidente y funcionarios que hicieron campaña cuando la ley lo prohíbe.
Otras, por vía ilegal y forzosa, como la toma de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General de la República en decretos espurios el primer día de trabajo de los nuevos diputados.
Además, se ha registrado persecución contra críticos, capturas arbitrarias, intentos por silenciar a la prensa y se ha ignorado la ley para avanzar la agenda oficialista y hasta avalar la reelección presidencial consecutiva, aunque la Constitución lo prohíbe muy claramente en varios apartados diferentes.
Nayib Bukele expuso ante los embajadores que El Salvador no es una dictadura por no golpear a los manifestantes.
Pero la realidad es más compleja que eso y sus signos autoritarios se reflejan en cómo ha ido, contrario a lo que le manda y le permite la ley, acumulando más poder y atacando a sus opositores.