La Sala de lo Constitucional mandató este lunes al presidente Nayib Bukele a publicar en el Diario Oficial el decreto 754 que viabiliza reformas aprobadas por la Asamblea a la Ley del Instituto de Bienestar Magisterial.
“Declárase que el Decreto Legislativo No. 754 aprobado por la Asamblea Legislativa el 22 de octubre de 2020, que contiene ‘Reformas a la Ley del Instituto de Bienestar Magisterial’, es constitucional en los términos indicados en el considerando VI, con respecto a la presunta infracción a los principios de planificación y equilibrio en materia presupuestaria previstos en el artículo 226 de la Constitución”, expresa la resolución emitida este lunes por la Sala de lo Constitucional.
Añade en su sentencia que la “razón es que el contenido del referido decreto mencionado no distorsiona la planificación del Órgano Ejecutivo ni representa alteración alguna al equilibrio presupuestario, pues, al ser disposiciones con un contenido material de carácter prestacional, el presupuesto general del Estado no ha sido reformado ni establece asignaciones, cantidades, partidas o cifras concretas que deban reformarse y reorientarse para dar cumplimiento al decreto en cuestión”.
El fallo de la Sala de lo Constitucional deriva de la controversia iniciada por el presidente Bukele a las reformas que avalaron los diputados para que los maestros jubilados del sector magisterial del país puedan optar a pedir servicios médicos tanto del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial o del Seguro Social.
Bukele envió vetado dicho decreto a la Asamblea, pero esta lo ratificó el pasado 15 de febrero, luego el mandatario lo envió a la Sala de lo Constitucional para que los magistrados dirimieran sobre el asunto alegando que se violentaba el presupuesto general del Estado al no “tomar en cuenta en consideración las observaciones técnicas financieras que fueron remitidas por el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial a la Comisión de Cultura y Educación de ese Órgano de Estado”.
Según Bukele, la incorporación de los docentes que hayan alcanzado el derecho a pensión por vejez es una “medida que impactaría negativamente el programa de salud, dado que la tasa de equilibrio se incrementaría, por lo que es prácticamente imposible incorporar una población con baja base de aportación (la pensión mensual) y alta siniestralidad y demanda de servicios médicos a un régimen que se encuentra en situación deficitaria, siendo indispensable identificar la fuente de financiamiento y otras medidas que puede hacer que la norma sea efectiva sin detrimento del actual esquema”.
Pese a esos argumentos, la Sala de lo Constitucional resolvió dejar en firme lo aprobado por la Asamblea y ordena a Bukele a publicar el decreto dentro del plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha de la sentencia desestimatoria.