En el proyecto de ley presentado por el gobierno hay más similitudes que diferencias con respecto a la propuesta que la Asamblea estaba estudiando en la legislatura pasada; sin embargo, en las diferencias se centra el uso que la ley permitirá del recurso hídrico y la preponderancia que la representación del gobierno tendrá versus los diferentes sectores del país.
Desde el 1 de mayo en que los diputados de Nuevas Ideas llegaron a presidir varias de las comisiones legislativas, entre ellas, la de Medio Ambiente y Cambio Climático, proyectos que habían costado años para ponerse de acuerdo fueron eliminados de tajo, uno de ellos fue el proyecto de ley de Agua que había sido acordada en 111 artículos.
La promesa del gobierno fue enviar una nueva propuesta que recogiera las necesidades de la población; sin embargo, a criterio de organizaciones sociales y de diputados de la oposición, el nuevo documento contiene el 85% de coincidencia con el documento que fue desechado por la bancada de Nuevas Ideas.
La propuesta del gobierno ha tomado de base el anteproyecto de ley con 111 artículos que ya habían sido consensuados en la legislatura anterior.
En su mayoría se toman los artículos íntegros, en algunos se cambió el verbo inicial por un sinónimo y en el resto de artículos se ha copiado fielmente, en otros se ha modificado el orden o han recortado disposiciones de un artículo para luego hacer artículos nuevos con esas disposiciones. En algunos apartados lo que el gobierno hizo fue cambiar la terminología, pero conservando la misma finalidad.
ARENA hizo un comparativo del nuevo proyecto con el que se estaba analizando anteriormente, en el que se destacan aspectos en común, por lo que consideran que no era necesario diseñar un nuevo modelo porque eso atrasará más la discusión.
En su momento, el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, explicó que el nuevo proyecto oficialista contiene 27 artículos exactamente iguales al documento que Nuevas Ideas envió al archivo.
Anteriormente, la Asamblea estaba haciendo un híbrido de varias propuestas que habían llegado a la Comisión de Medio Ambiente. Por ejemplo, la propuesta cambia el nombre del anteproyecto a “Ley de Recursos Hídricos”, lo que no tiene ninguna incidencia en los derechos que se quieren proteger, subraya Portillo Cuadra.
Además, se modifica el nombre de la entidad rectora, que estaba estipulada como “Autoridad Nacional del Agua” (ANA) por Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA). “Esto es incongruente con el cambio de nombre de la ley, que se refiere a recursos hídricos”, manifestó Portillo Cuadra.
La entidad rectora fue siempre uno de los puntos que atrasó la discusión de la ley. En esta parte se centró la discusión, debido a que las organizaciones de ambientalistas recriminaban en el pasado que se buscaba privatizar el agua.
También se cambia la estructura administrativa, reduciéndola a un presidente nombrado por el Presidente de la República y una Junta Directiva integrada mayormente por representantes de entidades estatales, eliminando la Dirección Ejecutiva y tres organismos zonales de cuenca que dependerían de la Dirección Ejecutiva.
Los miembros de la Junta Directiva aumentan de 7 a 12, ya que incorporan a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL); al Ministerio de Turismo, Universidades, a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), sociedad civil, quedando así integrada por 10 representantes del gobierno; 1 de universidades; y 1 de la sociedad civil. Además, se deja la facultad de establecer la organización interna vía Reglamento Interno.
La propuesta del Ejecutivo reduce las atribuciones de la Junta Directiva a 15 de 38 planteadas en la propuesta original que estaba en análisis en la Asamblea. No define quién asumirá las atribuciones de la Dirección Ejecutiva y los tres organismos zonales.
Elimina el Derecho de Participación al suprimir el Comité Consultivo, integrado en la propuesta de la sociedad civil por representantes de las Juntas de Agua, sector agroindustrial, cooperativas agrícolas, ONG, ambientalistas, Organizaciones de Mujeres, de la Universidad de El Salvador y de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES). Establece autorizaciones para el uso de cuerpos de agua de tres clases: asignaciones públicas, autorizaciones de los bienes establecidos en el artículo cinco de la propuesta del gobierno y permisos de exploración y vertidos.
Los organismos de la administración pública, centralizados o descentralizados y que pretendan aprovechar recursos hídricos, podrán tener permisos hasta por 5 años. Para uso industrial se podrá autorizar a particulares el aprovechamiento de determinada cantidad y calidad del agua superficial o subterránea hasta por 15 años.
Organizaciones ambientales preocupadas
La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) expresó su preocupación por los beneficios que se prevé tendría el sector privado, con la propuesta gubernamental.
Según la UNES con la nueva normativa se facilitarán permisos para el uso y aprovechamiento del agua a empresarios hasta por un periodo de 30 años. Debido a que en el artículo 61 de la Propuesta de Ley de Recursos Hídricos planteada por el gobierno, establece que la Autoridad Salvadoreña del Agua, nueva entidad que se crearía para administrar el recurso, otorgará permisos a instituciones públicas y privadas por un plazo no mayor de 15 años, pero este permiso podrá ser renovado.
En este apartado que menciona la UNES en el proyecto del gobierno explica que hay dos tipos de autorizaciones, nivel 1 y nivel 2, definidas así: nivel 1 sobre el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos será cuando el volumen solicitado sea igual o mayor de 473,040 metros cúbicos por año y podrá emitir autorizaciones nivel 1, cuando el caudal solicitado sea de 473,040 metros cúbicos por año o menor.
Se explica en el proyecto de ley que las autorizaciones nivel 1 serán otorgadas por un plazo de vigencia no mayor de 15 años y los permisos nivel 2, tendrán un periodo de vigencia de hasta cinco años y que ambas autorizaciones podrán ser renovables y los plazos serán contados a partir de la notificación del permiso.
Luis González, de la UNES, se mostró preocupado por el tiempo que durará las autorizaciones del uso del agua al sector privado. Según dijo, El Salvador está en estrés hídrico. “Hay algunos elementos que nos preocupan, entre estos, el tema de autorizaciones porque si bien al principio de la ley plantea que no se va a privatizar el agua, que el agua es un bien público; en las autorizaciones plantean que se puede dar autorizaciones a privados por 15 años y que se pueden renovar, es decir, 30 años”, afirmó González.
La propuesta del gobierno no ha comenzado a ser discutida en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, a pesar de que el documento ingresó a la Asamblea el pasado 18 de junio. La iniciativa fue presentada por el Ministro de Medio Ambiente, Fernando López Larreynaga; y por el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta.
En esa fecha, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, informó que crearán una comisión ad hoc para su estudio y prometió que la iniciativa sería discutida con todos los sectores sociales y actores involucrados, pero aclaró que no permitirán que se les diga qué hacer. La Comisión de Medio Ambiente, presidida por la diputada de Nuevas Ideas, Sandra Yanira Martínez, apenas le dio ingreso a la propuesta la semana pasada.