La organización defensora de los derechos humanos Amnistia Internacional ve con preocupación las acciones del gobierno de Nayib Bukele con las que “insiste en favorecer un enfoque represivo para combatir la violencia y contener el COVID-19” al evaluar su primer año de gobierno. Por esas acciones es que ha puesto en alerta máxima a las comunidades nacionales e internacionales que velan por los derechos humanos, según el organismo.
Erika Guevara-Rosas, directora de América de Amnistía Internacional, sostuvo que “hace un año, el presidente Bukele se comprometió a liderar al país en una dirección nueva y mejor. Desafortunadamente, esta esperanza se ha desvanecido por las acciones de su gobierno que han puesto en riesgo los derechos humanos ”.
Señala que la emergencia por la pandemia del COVID -19 ha recurrido a utilizar “tácticas represivas y abusivas que tan a menudo se vieron en El Salvador en el pasado”.
Recordó que las autoridades de Seguridad han detenido a más de 2,000 personas por el supuesto incumplimiento de la cuarentena domiciliar obligatoria, y luego confinarlas en “centros de contención” que no cumplen con las normas mínimas de condiciones sanitarias y distanciamiento físico.
En ese sentido, Amnistía Internacional revisó documentos legales que confirman que algunas personas fueron detenidas únicamente por abandonar sus casas para comprar alimentos o medicinas. Además, la organización ha verificado material audiovisual que revela las malas condiciones en los centros de contención.
También la referida organización entrevistó a personas que fueron víctimas de violaciones de los derechos humanos a manos de las autoridades gubernamentales como la Policía en el marco de la emergencia por el COVID-19.
Destaca el caso de un joven que aseguró que él fue a comprar comida y combustible, después de que le pagaron, cuando un policía lo detuvo, lo golpeó y le disparó dos veces en las piernas.
Otro caso denunciado es el de una defensora de los derechos humanos que tiene diabetes. Ella relató que fue detenida cuando salió a comprar comida y medicinas para su hijo de tres años. Cuando fue detenida, la policía le aseguró que solo le harían una prueba COVID-19 y que ella podría regresar a casa. Sin embargo, estuvo detenida durante más de un mes en un “centro de contención”, a pesar de no haber sido diagnosticada con el virus.
También trae a cuenta la situación de un joven de 17 años que aseguró que la policía lo detuvo cuando salía del trabajo en una plantación de azúcar. Él y su familia informaron que, sin tener en cuenta que su trabajo era una de las actividades clasificadas como esenciales, la policía lo golpeó y lo llevó a un centro de detención, donde estuvo recluido con adultos durante casi tres días antes de ser liberado sin cargos.
“Estos casos muestran claramente que las medidas que está tomando el gobierno, con el pretexto de contener la pandemia, son desproporcionadas. Como resultado, muchas personas han sido puestas en riesgo innecesario de contraer COVID-19 y han sufrido violaciones de sus derechos. Las autoridades tienen la obligación de protegerlos y nunca violar sus derechos ”, dijo Guevara-Rosas.
Otras de las acciones tomadas por Bukele que han alarmado a la comunidad internacional, según Amnistía Internacional, fue la militarización de la Asamblea Legislativa, el 9 de febrero pasado.
El consejo de ministros de gobierno celebró una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa acompañada de “un ostentoso e innecesario desfile militar en los terrenos de la Asamblea e informes de francotiradores estacionados en las cercanías y restricciones a la libertad de prensa”.
Amnistía Internacional también lamenta los mensajes públicos de Bukele en los que desacredita a las organizaciones de derechos humanos, sugiere que las fuerzas de seguridad utilicen medidas violentas y pide el incumplimiento de las decisiones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Promesas rotas
En junio de 2019, después de su toma de posesión, una delegación de Amnistía Internacional se reunió con el presidente Bukele para presentarle serias preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en el país.
La organización instó al presidente a dejar atrás las estrategias represivas de seguridad pública utilizadas por las administraciones anteriores y garantizar una retirada organizada de la participación de las fuerzas armadas en los deberes de seguridad pública, así como fortalecer la capacidad de la Policía Nacional Civil.
“Durante nuestra reunión, el presidente se comprometió a ser una voz diferente en Centroamérica. Sin embargo, el gobierno actual ha captado los titulares de los medios internacionales y ha alarmado a las organizaciones internacionales con su desprecio por los derechos humanos ”, dijo Guevara-Rosas.
Amnistía Internacional señala con preocupación que, en lugar de revisar y evaluar los éxitos y fracasos de las medidas implementadas por administraciones anteriores, el gobierno actual insiste en favorecer un enfoque represivo para combatir la violencia y contener COVID-19.
También en febrero pasado, la organización tomó nota positiva del veto presidencial del decreto legislativo que contiene la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, que no garantizaba plenamente los derechos de las víctimas del conflicto armado.
Sin embargo, lamentó que este veto no haya estado acompañado de acciones claras como hacer pública la información en los archivos militares de los años del conflicto, lo que ayudaría a garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
“Este es el momento adecuado para que el gobierno actual haga un cambio radical en sus políticas públicas y genere un cambio sustancial en términos de derechos humanos. El presidente Bukele debe dejar de culpar a las administraciones anteriores y otras instituciones estatales, asumir la responsabilidad y desarrollar soluciones integrales para fortalecer el estado de derecho y abordar la deuda histórica que las autoridades salvadoreñas tienen con los derechos de la población”, dijo Erika Guevara-Rosas.