Las autoridades policiales arrestaron hoy a una supuesta traficante de personas en una de las fronteras que conecta a El Salvador con Guatemala cuando intentaba “evadir los controles migratorios” con un adulto y dos menores de edad en su ruta a Estados Unidos, informó la PNC a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales.
La mujer fue detenida cuando intentaba pasar de manera ilegal la frontera La Hachadura, en el departamento occidental de Ahuachapán, con las víctimas, quienes no contaba con los documentos para viajar de forma legal, explica el comunicado de la policía.
En la frontera #LaHachadura, la policía detuvo a una mujer por el delito de #TráficoIlegaldePersonas,, quien responde al nombre de María Ines González Romero de 49 años. pic.twitter.com/LqF10S2Vne
— PNC El Salvador (@PNC_SV) 16 de septiembre de 2018
La fuente policial identificó a la detenida como María Inés González Romero, con nacionalidad salvadore, de 49 años, quien será llevada ante los tribunales para comenzar un proceso penal por el delito de tráfico ilegal de personas.
A finales de marzo de 2017, el Congreso salvadoreño elevó las penas de cárcel contra los traficantes de personas para frenar la migración irregular “generalizada”, que la situación económica y la violencia causan en el país centroamericano.
De acuerdo con diversas fuentes consultadas por Efe, los traficantes o “coyotes” en El Salvador forman redes con otros en Guatemala y trabajan bajo la venia de los cárteles de droga en territorio mexicano.
La trata de personas consiste en trasladar y retener a una persona por la fuerza o la coerción, con el fin de explotarla, no sólo con fines laborales o sexuales, sino también para mendigar o, incluso, para el tráfico de órganos o los matrimonios forzados.
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Christopher Clements, de 36 años, también fue acusado por el homicidio de otra menor. Los hechos sucedieron en 2012 y 2014.
Los datos reflejan que los delitos de tráfico de ilegales y trata de personas en el territorio nacional están presentes y que hay estructuras criminales que se dedican a ese flagelo.
En junio 2017, el Ministerio de Justicia firmó un convenio de cooperación con la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe en Panamá (UNODC – ROPAN) con el apoyo financiero de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de la Justicia (INL) de la Embajada de los Estados Unidos.
Dicho convenio, tiene una vigencia de tres años y busca la prevención y lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en El Salvador.