“Creemos que el ministro de Salud, Francisco Alabí, transgredió la Ley de Ética Gubernamental (LEG) al firmar la orden de compra” de $250,000 en máscaras plásticas adquiridas a la empresa de Koky Aguilar, en ese momento funcionario público.
Así lo afirmó Wilson Sandoval, coordinador del departamento de Asesoría Legal Anticorrupción de Funde (ALAC), que además promueve las actividades de Transparencia Internacional en El Salvador.
Estas declaraciones las dio Sandoval al momento de presentar ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) un escrito en el que afirma que Alabí violó el artículo 5, literal b de la referida ley.
Este artículo expresa que todos los funcionarios sujetos a la LEG deben “denunciar ante el Tribunal de Ética Gubernamental o ante la Comisión de Ética Gubernamental respectiva, las supuestas violaciones a los deberes o prohibiciones éticas contenidas en esta Ley, de las que tuviere conocimiento en el ejercicio de su función pública”.
Al respecto, la denuncia de ALAC afirma que “ha sido un hecho notorio y público que el Ministerio de Salud destinó en abril un millón de dólares para adquirir protectores reciclados. Del total, $250,000 fueron adjudicados (…) a la empresa INSEMA S.A. de C.V., empresa de la cual es fundadora y propietario el señor Jorge Aguilar, funcionario público de la actual administración del Órgano Ejecutivo”.
Por la presión social que generó esta venta al mismo Estado, el presidente de la República, Nayib Bukele, separó de su cargo el fin de semana a Aguilar y el partido Nuevas Ideas anunció que este no podrá seguir aspirando a ser candidato a alcalde de Santa Tecla.
Sin embargo, poco se ha dicho del futuro de Alabí, cuya firma calza la orden de compra. Según Sandoval, de ALAC, al ministro debería aplicársele “la misma severidad”.
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“A mí no me cabe en la cabeza que no supiera qué estaba firmando”, añade este experto anticorrupción, quien explica que las reglas básicas de la administración pública llevan a considerar al titular de Salud es responsable.
Debió denunciar
El ministro debió, como dice el artículo 5 literal b de la LEG, denunciar la irregularidad del referido contrato de compra de máscaras plásticas a INSEMA, propiedad del entonces director del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), Jorge “Koky” Aguilar.
Que Aguilar es propietario de dicha empresa consta en el portal del Instituto de Acceso a la Información Pública. Ahí se indica que “es un empresario que se ha dedicado al trabajo de reciclaje; en el 2001 funda INSEMA – El Salvador”.
“Con todo lo anterior”, añade la denuncia, “el ministro de Salud Alabí firmó una orden de compra en favor de una empresa perteneciente a un funcionario público”.
Wilson Sandoval explicó a El Diario de Hoy que por no haber denunciado en su momento el contrato, Alabí incumplió sus deberes ante la LEG y que podría aplicársele el artículo 42 de este cuerpo normativo. En este se establece que “sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal u otra a que diere lugar, impondrá la multa respectiva, cuya cuantía no será inferior a un salario mínimo mensual hasta un máximo de cuarenta salarios mínimos mensuales urbanos para el sector comercio”. Es decir, la multa podría ascender a $12,000.
Sin embargo, a juicio de Sandoval, insiste en que Alabí debería cesar como ministro de Salud. “Claro que debería ser destituido”, sentencia.
Funcionario se desmarca
El ministro Alabí se desmarcó este lunes de la responsabilidad del trámite que favoreció la compra de máscaras protectoras por $250,000 a una empresa de “Koky” Aguilar, e indicó que existen unidades que se encargan de esos procesos.
“Sabemos que los procesos de compra tienen metodología y las unidades correspondientes tienen la responsabilidad por parte de profesionales de realizar todo el proceso”, respondió Alabí durante una entrevista matutina de Noticiero Hechos ante los señalamientos de posible corrupción en los procesos para el manejo de la pandemia del COVID-19.
Afirmó que la FGR aún no ha pedido información referente al hecho, y la única institución a la cual se ha brindado información adelantada y corta ha sido a la Asamblea Legislativa “como parte del requerimiento”.