El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, afirmó este jueves en la Asamblea Legislativa que de momento las nuevas Secretarías de Estado creadas por el gobierno de Nayib Bukele tienen carácter “temporal” mientras que la Asamblea no apruebe la propuesta de reforma a la Ley de Salarios que envió el Ejecutivo a los diputados.
Según Fuentes, eventualmente y de acuerdo al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, les da la facultad de desarrollar en “carácter temporal” las plazas de las nuevas Secretarías de Estado y el dinero para financiarlas se moverá del mismo rubro asignado a la Presidencia en el presupuesto de 2019.
Ministro de Hacienda Nelson Fuentes habla sobre el decreto para crear nuevas plazas e indemnizar a despedidos.
Sin embargo, las indemnizaciones de los empleados que fueron cesados de las Secretarías eliminadas deberán ser canceladas del dinero remanente de las unidades que fueron abolidas y eso sí lo debe avalar también la Asamblea, dijo el titular de Hacienda.
Al respecto, los diputados dicen que tendrán que analizar en detalle la petición de reforma a la Ley de Salarios vigente. Fuentes informó que los diputados planean convocarlo la próxima semana para que les detalle ampliamente sobre la propuesta de modificación a la dicha ley que fue aprobada en diciembre de 2018.
Según la Constitución de la República solo la Asamblea Legislativa puede crear o suprimir plazas que se financian con fondos del Estado.
“La Ley de Salarios solo puede modificarla el (Órgano) Legislativo, los contratos por el contrario se manejan por asignaciones globales, las que normalmente se regulan vía resoluciones ejecutivas”, explicó el abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo.
El abogado constitucionalista y diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, añadió que no pueden avalar algo que contraríe la ley y la Constitución, ya que el artículo 131 numeral 9 de la Carta Magna dice que corresponde a los diputados “crear y suprimir plazas, y asignar sueldos a los funcionarios y empleados de acuerdo con el régimen de Servicio Civil”.
Ambos coinciden en que si bien es facultad del Presidente reorganizar la parte administrativa en lo concerniente a la Presidencia de la República; es potestad de la Asamblea por Constitución avalar la supresión o creación de plazas, ya que éstas se pagan con fondos estatales.