El Faro denuncia acoso fiscal y se ampara ante Sala de lo Constitucional

El periódico digital denuncia que el Ministerio de Hacienda pretende realizar "una agresiva auditoría" desde hace dos meses. Señala que la intención del examen financiero excede lo tributario.

La Comisión de Jueces entrevistó a las primeras ternas esta semana y el lunes continuará con otras. Foto EDH / Archivo
Foto EDH / Archivo

Por David Marroquín

Sep 15, 2020- 10:22

Los abogados de Trípode, sociedad propietaria del periódico digital El Faro, acudieron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para pedir amparo ante el acoso fiscal que enfrentan de parte del Ministerio de Hacienda.

Este acoso se incrementó después de que el referido periódico digital revelara que el gobierno de Nayib Bukele tiene más de un año de estar negociando con cabecillas encarcelados de la pandilla mara Salvatrucha (MS), la reducción de homicidios y apoyo electoral para Nuevas Ideas en 2021 a cambio de beneficios carcelarios y económicos para los pandilleros, según la demanda presentada.

Señalan los abogados que el referido ministerio ha sometido al periódico a una auditoría que “incluye solicitudes de información que exceden el interés tributario, como los libros completos de actas de Junta Directiva de El Faro, que incluyen discusiones de índole editorial, o los informes intermedios de ejecución de proyectos con fundaciones y organismos internacionales de cooperación”.

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El Faro argumenta que “el Ejecutivo está utilizando el poder de fiscalización del Estado con fines distintos a los recaudatorios”.

Advierte que “sus acciones pueden derivar en una forma de censura o restricción indirecta a las libertades de expresión e información”.

En la demanda, los abogados piden a la Sala de lo Constitucional que ordene el cese del acoso fiscal para evitar de que El Faro sea sancionado, o lo que es más de que “sean allanadas sus oficinas, mientras se analiza su obligación o no de entregar toda la información solicitada por Hacienda”.

El departamento de investigación penal de la Dirección General de Impuestos Internos informó el 20 de julio pasado a El Faro de la apertura de un proceso de auditoría tributaria a su contabilidad de los ejercicios 2014, 2016, 2017 y 2018.

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Señalan los abogados del periódico en la demanda que la sociedad Trípode colaboró desde el principio con la entrega “de datos y documentos relacionados con temas contables y tributarios” en los plazos establecidos por la ley.

Destacan que entre la información proporcionada a las autoridades están “los estados financieros (balance general, estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio), conciliaciones bancarias, planillas de personal, contratos, y las facturas o recibos que respaldan todos los ingresos y gastos del periódico en los citados años, entre otra documentación”.

El referido periódico señala en su demanda que hubo objeciones de que la auditoría se remontara a ejercicios anteriores a los tres años que, por ley, pueden ser sometidos a examen contable.

También cuestionó que el Ministerio de Hacienda les pidiera los libros de actas de Junta Directiva, por lo que apelaron a esos requerimientos, pero las apelaciones fueron desestimadas por el referido ministerio.

El 3 de septiembre pasado, Hacienda hizo otro requerimiento al periódico en el que se incluía información sobre “intercambios de carácter privado con organizaciones internacionales que lo financian, o la identidad de todos los suscriptores que son parte del programa de Excavadores ciudadanos”.

En ese sentido, El Faro considera que “estos datos tampoco tienen relevancia tributaria y teme que puedan ser usados por el gobierno con fines distintos a los que corresponden a una auditoría”.

Arnau Baulenas, uno de los abogados de El Faro, teme que la intención de fondo sea “la restricción a la libertad de expresión”.

Este requerimiento fiscal se dio justo después de que El Faro revelara que el gobierno tiene un año de estar negociando con cabecillas encarcelados de la pandilla mara Salvatrucha (MS).

Lo anterior lo sustentan en documentos oficiales del Ejecutivo que registran las negociaciones desde junio de 2019 en las que han pactado la reducción de homicidios y se discutieron beneficios carcelarios y apoyo electoral para Nuevas Ideas en las elecciones legislativas y municipales de 2021.

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