El ministro interino de Educación, Mauricio Pineda, solicitó este martes a la Asamblea Legislativa un decreto transitorio que le permita a la cartera de Estado invertir en la infraestructura de más de 2,000 centros educativos que se encuentran en terrenos que no están registrados a nombre de la institución.
Acompañado por Carolina Recinos, comisionada presidencial, y Vladimir Hándal, secretario de Innovación, el titular de Educación presentó a la Asamblea una pieza de correspondencia, en la que planteó la propuesta que fue respaldada por el oficialismo.
Indicó que "por muchos años el ministerio se ha visto imposibilitado para invertir en infraestructura que está en estos lugares que no están legalizados" a nombre de Educación. Sin embargo, de ser aprobado el decreto les daría el aval para hacerlo, mientras el proceso de traspaso del inmueble hacia la cartera de Estado sigue su curso.
"Eso significa que el ministerio ahora va a tener autorización, va a poder invertir en estos centros educativos que en este momento o actualmente no están a nombre del ministerio, luego el proceso de legalización va a continuar su proceso normal, pero ya vamos a estar autorizados a partir de la aprobación de esta iniciativa de ley para poderlo hacer", explicó Pineda.
El centro escolar Caserío Los Almendros, en el cantón Punta Remedios, en Acajutla, Sonsonate, el cual funciona en una galera de lámina en precarias condiciones, está entre las escuelas que no cuentan con un terreno propio. Recientemente, el titular interino visitó el lugar y se comprometió a apoyarlo para mejorar la infraestructura.
Los docentes y alumnos de esta escuela, tal como publicó el Diario de Hoy a principios de febrero, trabajan a la sombra de una pequeña galera de lámina, pero carece de servicio de energía eléctrica, de agua potable, de servicios sanitarios, aulas, espacio recreativos, material didáctico, e incluso de más profesores.
Esa escuela formó parte de los planteles educativos que visitó el ministro interino la semana anterior, en el marco de informar sobre el inicio de un plan de rehabilitación de todos los centros escolares del país, para el que está presupuestado inicialmente $44.4 millones.
"Lo que se está haciendo, jurídicamente, es dando la autorización, a través de este decreto, para que se intervengan las escuelas que no están a nombre del Ministerio de Educación", dijo el diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, al aclarar que, de momento, "hay una prohibición de ley que impide hacer una obra con fondos estatales en un lugar que no sea público".
Con 62 votos, los diputados avalaron la dispensa de trámite para que la iniciativa ingresara como correspondencia durante la plenaria de este martes y esta fue enviada a estudio de la Comisión de Cultura y Educación.