La Corte de Cuentas denunció este martes que el Ministerio de Hacienda obstaculizó el acceso a sus auditores que realizan proceso de fiscalización a dicha cartera de Estado y que no han tenido acceso a equipo informático para realizar la respectiva auditoría.
“Hacienda bloquea ingreso de auditores de la Corte de Cuentas que ejecutan acciones de fiscalización a dicha cartera de Estado. Desde el 24 de noviembre no se ha podido acceder a equipo informático que contiene documentación que se analiza en las auditorías que se practican a dicha entidad”, denunció la Corte de Cuentas en Twitter.
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La institución informó que tras el bloqueo de Hacienda a los auditores, abogados de la Corte de Cuentas levantaron un acta de lo sucedido y que se convierte en una evidencia de “la negativa de ser fiscalizados”, se pronunció el ente controlador.
Un grupo de auditores acudieron al Ministerio de Hacienda para realizar tareas de fiscalización en dicha cartera de Estado, pero a su llegada no se les permitió el ingreso
Un agente de seguridad del ministerio de Hacienda notificó al personal de la Corte que no podrían ser atendidos porque sus superiores se encontraban ocupados. “Dicen que tienen que esperar o pasar a dejar la correspondencia”, dijo el agente en un video publicado por la Corte de Cuentas.
Retienen equipo e información clave, denuncia presidente de la Corte
“Bajo su responsabilidad” quedan el equipo y la información que la Corte de Cuentas había recogido durante las auditorías que realiza en el Ministerio de Hacienda, le emplazó este martes el presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Anzora al titular de Hacienda, Alejandro Zelaya.
“A nosotros nos preocupa mucho el bloqueo que se está haciendo de manera sistemática a los auditores de la Corte de Cuentas de la República en el Ministerio de Hacienda. Son ya dos ocasiones reiteradas en las que no dejan entrar a nuestro personal a las oficinas del Ministerio”, dijo el presidente del ente contralor, quien aclaró que el equipo de auditores ya estaba instalado en las oficinas de Hacienda desde hace un mes.
Anzora denunció además que, a partir de que no se dejó entrar a los auditores este martes, “se encuentran retenidos los equipos y la información que se les había entregado a nuestros auditores, por lo que ahora se presentaron nuevamente a las instalaciones de la sede del Ministerio de Hacienda y se encontraron con esa puerta cerrada”.
Esta tarde solo pudo ingresar una persona de la Corte de Cuentas para entregar una carta a Zelaya en la que Anzora le expresa que “los equipos y la información que se encuentra en el local asignado a los auditores ahora queda bajo su responsabilidad”, alegó el titular de la CC.
Recorte de fondos
Anzora también denunció ante los diputados de la comisión de Hacienda de la Asamblea que, a pesar de que envió a Hacienda una petición de refuerzo presupuestario para 2021 para fortalecer el recurso humano, tecnología e infraestructura, el Gobierno les asignó un presupuesto menor al que se está ejecutando este año.
“Pero nuestra sorpresa fue que a la hora de acceder al sistema SAFI nuestro presupuesto era menor al asignado en 2020, esto por supuesto, no está en consonancia con la ley, contraria el artículo 195 de la Constitución y la independencia financiera que se le reconoce como entidad superior de control en el artículo 2 de la Ley de la Corte de Cuentas”, lamentó Anzora.
Al respecto, la efemelenista Yanci Urbina subrayó que el gobierno recortó el presupuesto de la Corte de Cuentas para el próximo año. “Es claro que a este Gobierno no le interesa el rol de esta institución. Por el contrario, parece que les incomoda transparentar los fondos públicos”, señaló.
Según sus datos el gasto asignado a la CCR para funcionamiento de 2020 fue de $44.2 millones, sin embargo, para 2021 el gobierno le ha destinado $43.7 millones, es decir, medio millón de dólares menos.
La arenera Margarita Escobar puntualizó que la Asamblea está dispuesta a aprobarles más recursos a la Corte de Cuentas porque “hoy más que nunca el fortalecimiento de la Corte de Cuentas es imperativo para fortalecer la democracia, hoy más que nunca necesitamos magistrados valientes y probos”, señaló.
Diputados rechazan
“Es altamente preocupante lo que sucede con los fondos públicos, las prácticas de corrupción son conocidas a diario, gobierno corrupto ¿qué más esconden?”, arremetió la efemelenista Yanci Urbina en su cuenta de Twitter.
Mientras que la diputada Margarita Escobar, de ARENA, valoró el trabajo de la Corte de Cuentas y lamentó la obstaculización del Ministerio de Hacienda a ser auditado en momentos en que la Asamblea acaba de aprobar $354 millones para darle la contrapartida de $50 millones a Fomilenio II; $288 millones para el pago del Fodes atrasado de seis meses a los alcaldes; y otros $16 millones para complementar la pensión de los veteranos de guerra y excombatientes hasta diciembre de 2020.
“No los dejan hacer su trabajo precisamente en el Ministerio que tiene todo el dinero de los salvadoreños que es el Ministerio de Hacienda”, criticó.
Gobierno obstaculiza diligencias que buscan fiscalizar uso de fondos públicos
El bloqueo a la entidad surge a pocas semanas de que un estudio de la misma estableciera que el Gobierno contaba con los fondos para el pago del Fodes y el pago de los salarios de empleados de la Asamblea Legislativa. Estos últimos fueron retenidos por varias semanas por parte del Ejecutivo.
“De acuerdo a los datos, al análisis preliminar financiero que tiene los equipo de auditores hemos corroborado de que si había existencia de fondos para hacer las transferencias”, dijo en su momento Roberto Anzora, magistrado presidente de la CCR.
El Gobierno ha mantenido que el retrasado de los pagos ha sido por no tener disponibilidad de fondos y ha intentado negociar así la aprobación préstamos, condicionando las transferencias a la aprobación de fondos por parte del Legislativo.
Otras entidades de gobierno también se han encargado de bloquear diligencias que buscan fiscalizar el uso de fondos públicos. El 10 de noviembre, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud obstaculizaron la entrada de delegados de la Fiscalía General de la República que buscaban realizar un allanamiento en las instalaciones de la cartera de Estado como parte de las investigaciones para determinar el uso de fondos de la pandemia.