La auditoría que la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha realizado al Ministerio de Turismo para fiscalizar el manejo de los fondos durante la pandemia del COVID-19 refleja que, en algunos casos, la institución efectuó pagos por servicios no brindados a los propietarios de hoteles, hostales o viviendas que, en los primeros meses de la emergencia, sirvieron como centros de contención.
“La CCR debe actuar con determinación, ya no debe haber una actuación complaciente ni tibia, sino que debe asumir con responsabilidad y determinación sus funciones”.
El presidente del ente contralor, Roberto Anzora, reveló el martes que los términos contractuales establecían que el ministerio pagaría un promedio de $25 diarios por persona, en concepto de alojamiento y tres tiempos de comida, pero no siempre se cumplió.
“En algunos casos, lo que hemos verificado es que no se servía la comida, sin embargo, se pagaba el mismo valor. Hemos sacado la diferencia y es lo que hemos comunicado a la administración para verificar cuál fue la razón o que se nos aclare por qué se manejó de esa manera. Los $25 que se estaban pagando incluían todo este servicio”, señaló Anzora, en la entrevista televisiva Frente a Frente.
"Hemos verificado que no se servía la comida, sin embargo, se pagaba el mismo valor. Se ha detectado que hay algunos pagos injustificados”.
“La CCR tiene facultad de exigir cualquier documentación, sin permisos. La Fiscalía debe investigar si se está cometiendo el delito de incumplimiento de deberes”.
El funcionario explicó que la CCR analiza la contratación de estos locales y la necesidad de la misma, pues “se ha detectado que hay algunos pagos injustificados”.
El magistrado también denunció que hay resistencia de los funcionarios para dar toda la información que permita fiscalizar el uso de recursos durante la crisis sanitaria.
Anzora aclaró que el estado de emergencia no blinda al Gobierno para hacer compras sin justificarlas. Él informó que se han abierto 10 investigaciones a los ministerios de Salud, Obras Públicas, Agricultura, Economía y Turismo. También al Seguro Social y la Secretaría de Innovación de la Presidencia.
“En el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería hemos recibido muy poca colaboración desde su titular (Pablo Anliker) hacia abajo. Situación que nosotros creemos que no es concordante con los términos de transparencia y rendición de cuentas”, reprochó Anzora.
El organismo contralor ha hecho 12 “comunicaciones preliminares” (observaciones) a Agricultura, quien deberá dar información para desvanecer las dudas.
En el caso del hospital El Salvador, la CCR ha enviado al Ministerio de Salud 20 observaciones. Esta auditoría abarca a Obras Públicas.
“Ya se reportaron algunas deficiencias que tienen que ver con control interno, en adjudicaciones que tienen que ver con la calidad, el precio ofertado y aceptado por la administración y con situaciones de legalidad”, declaró Anzora.
A Economía y la Secretaría de Innovación se le examina el proceso de entrega del bono de $300 para familias afectadas por la crisis sanitaria. La CCR ha hecho 26 observaciones relacionadas con la seguridad y confiabilidad de la base de datos sobre la cual se entregó el dinero.
Corte de Cuentas debe informar a Fiscalía
Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), opinó que la Corte de Cuentas está investida por la Constitución de la facultad de fiscalizar el uso legal de los fondos públicos y los funcionarios tienen la obligación de colaborar.
“Deben poner a disposición toda la información que se le sea requerida para llevar a cabo la labor de auditoría. Esto no es opcional, sino una obligación”, apuntó Castro.
Agregó que la CCR debe actuar con determinación y asumir sus funciones con responsabilidad. Si no se le permite, expresó, puede pedir apoyo a la Fiscalía General.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, el Gobierno mantiene un “comportamiento opaco” al impedir que la ciudadanía y las instituciones de control verifiquen el manejo que se hace de los recursos y eso manda un “mal mensaje”.
El abogado señaló que el artículo 103 de la Ley de la Corte de Cuentas obliga a los servidores públicos a colaborar con los auditores.
“La Corte, al verse imposibilitada de acceder a información, tendría que haber certificado a la Fiscalía que en determinadas instituciones no se le permite el acceso a información y le están obstaculizado sus funciones. Y la Fiscalía debe investigar si se está cometiendo, al menos, el delito de incumplimiento de deberes”, dijo Escobar.