En la plenaria ordinaria de este lunes, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, convocó a reunión a la Comisión de Hacienda. Está previsto que los diputados que la conforman definan qué instituciones de la sociedad civil integrarán el comité fiscalizador de los $2,000 millones que se le han aprobado al Gobierno para atender la emergencia por el COVID-19.
Pasadas las 6 de la tarde, la Comisión de Hacienda emitió dictamen para reformar el decreto legislativo 608 para crear el Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación Económica. Estará integrado por un representante de Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la Universidad de El Salvador (UES), Universidad Francisco Gavidia (UFG) y la Asociación de Auditores Independientes de El Salvador.
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Los partidos de oposición han reiterado que la conformación del ente contralor -que además estará compuesto por cinco ministros y un delegado de la Presidencia de la República- es un requisito indispensable para que el Congreso le siga adjudicando recursos al Órgano Ejecutivo para atender la crisis sanitaria.
El viernes anterior, el diputado de FMLN, Jorge Schafik Hándal, reveló que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la Universidad Francisco Gavidia y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) ya habían aceptado ser parte del grupo.
El parlamentario de izquierda señaló que se le haría la propuesta a la Universidad de El Salvador. Norman Quijano, de ARENA, explicó que también se podía incluir a la Universidad Tecnológica o la José Matías Delgado.
El jueves pasado, el Colegio Médico declinó de participar en el comité que fiscalizador, por lo que el Congreso seguiría buscando integrantes.
“Queremos que haya un compromiso (de los representantes de la sociedad civil) porque son $2,000 millones con un Gobierno que se niega a dar informes, poco transparente. Creo que es un tema que va a ser de fácil solución el lunes en la Comisión de Hacienda”, expresó, el viernes, Quijano.
En marzo, los diputados de la Comisión de Hacienda acordaron autorizar al Gobierno $2,000 millones siempre y cuando se creara el comité multidisciplinario para que analizara las necesidades existentes y el destino que se le debe dar a los fondos.
El grupo estaba compuesto por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), la Asociación de la Empresa Privada (ANEP) y a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Los representantes de estas instituciones renunciaron en mayo y expusieron que no pudieron hacer un trabajo de contraloría social y de orientación del uso que se le debía dar al dinero porque el Gobierno nunca les proporcionó información que requerían y porque, aunque se les permitía opinar, no se les tomaba en cuenta sus propuestas.
Ante esa renuncia, la diputada del FMLN, Yanci Urbina, explicó la semana anterior que es importante que exista un comité porque este le aportará al proceso del manejo de los $2,000 millones “capacidad técnica, eficiencia, priorización y una opinión desde la sociedad civil respecto a la distribuciones de estos recursos”.
Ella criticó al Ejecutivo porque, aunque fue en marzo que se le autorizó conseguir el dinero, aún no ha enviado a la Asamblea el detalle de cómo lo usará. Esto, dijo, pese a que la ley indica que el presupuesto debe tener una asignación específica y no puede ser distribuido a discreción.