Siendo el Gobierno el “principal violador de la Constitución y de las leyes” y del “uso político de la Policía y del Ejército”, abogados no ven que sea el mejor momento para cambiar la Constitución. Enrique Anaya y Francisco Bertrand Galindo, ambos constitucionalistas, admiten que las condiciones políticas de El Salvador no son las idóneas para hacer reformas.
“Este no es el momento para hacer reformas constitucionales de ningún tipo.
Considerando que el origen de toda esta actividad tendiente de la reforma proviene del Ejecutivo, que ha sido un Órgano que constantemente ha estado violando la Constitución y, sobre todo, ha existido un uso politizado de la Fuerza Armada y la Policía”, expresó Anaya.
Aunque Bertrand Galindo considera que sí se podrían hacer algunos cambios puntuales, pero nada que tenga que ver con el sistema político y las cláusulas pétreas, menos con el rol de la Fuerza Armada, como anunció el sábado Fabio Castillo, excoordinador del FMLN y miembro de la comisión ad hoc.
De acuerdo con Castillo es necesario revisar el rol de las atribuciones y obligaciones de la Fuerza Armada. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), han advertido también del peligro que las “desobediencias” a órdenes de la Asamblea y de la Fiscalía, por parte del director de la Policía, acarrean al sistema democrático y el Estado de Derecho de El Salvador, así como el uso “político” de la corporación policial y del Ejército, “desnaturalizando” sus funciones constitucionales.
Para Bertrand Galindo las reformas que debieron hacerse ya quedaron debidamente definidas en el marco de los Acuerdos de Paz en 1992. El abogado opina que en el caso de la Fuerza Armada lo que debería hacerse es restringirle el rol de seguridad pública, que no es un tema de carácter constitucional.
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“Yo creo que sí hay cambios que necesita la Constitución, pero no son de la magnitud que puedan hacer un gran esfuerzo que pueda salir más cara la medicina que la enfermedad”, analizó. Tanto Anaya como Bertrand Galindo no descartan que la iniciativa del Gobierno de reformar la Carta Magna tenga como fin escondido la prohibición de la alternabilidad en la Presidencia de la República, mediante el referéndum y el plebiscito, algo que los diputados de oposición afirman que es el verdadero objetivo que persigue el Ejecutivo.
“Conociendo la posición del Vicepresidente (Félix Ulloa, quien dirige la comisión ad hoc) podría ser que haya algo de eso, porque él ha hablado de una democracia directa, lo que llaman una democracia participativa, que es una democracia más similar a los países socialistas versus lo que es una democracia representativa”, apuntó Bertrand Galindo.