El número de migrantes salvadoreños detenidos y expulsados desde la frontera sur de Estados Unidos se quintuplicó durante el año fiscal 2021 respecto al número de migrantes detenidos y expulsados en el año fiscal 2020. Aunque las restricciones de movilidad debido al COVID-19 redujeron considerablemente el número de migrantes el año antepasado, el número de salvadoreños detenidos casi se multiplicó por cinco en 2021, y en los primeros meses del año fiscal 2022 muestra una tendencia al alza.
El año fiscal en Estados Unidos empieza en octubre y termina en septiembre del siguiente año. En los meses de octubre y noviembre del año fiscal 2021 hubo 6,664 aprehensiones de migrantes salvadoreños; para esos meses del año fiscal 2022 se reportan 19,427 aprehensiones. El dato de diciembre aún no está disponible en la página web del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.
“La migración se ha explicado argumentando la búsqueda de mejores oportunidades económicas y de la reunificación familiar, pero además de El Salvador se menciona a otros países de Centroamérica como Nicaragua donde el factor político podría estar afectando. Por ejemplo, los últimos acontecimientos que han ocurrido en el país en el ámbito político pueden hacer que la gente tome esta decisión de emigrar”, explicó Manuel Orozco, experto en remesas para Centroamérica y director del Centro de Migración de la agencia Creative Associates Internacional en Washington.
Al comparar los últimos cuatro años fiscales y el comportamiento de los primeros meses de esos años fiscales, se muestra que 2019 y 2022 son los años en los que más migrantes han sido aprehendidos en la frontera sur de Estados Unidos, al menos en los últimos cuatro años.
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Situación política contribuye a migración
Este año fiscal 2022, ya fueron aprehendidos 19,427 migrantes, la mayoría grupos de familias y adultos solos. Y aunque no hay una única razón para la migración, Orozco asegura que la política salvadoreña podría estar influyendo en que el número de migrantes aumente.
La llegada de Nayib Bukele a la presidencia no redujo la migración; exceptuando el año de la pandemia, el número de salvadoreños que intentan llegar a Estados Unidos sin papeles se ha incrementado. El gobierno, que en un inicio prometió fortalecer las relaciones bilaterales con Estados Unidos, no solo ha declarado abiertamente su desdén hacia los representantes de la embajada norteamericana en el país, sino que ha sido cuestionado por organismos internacionales por su irrespeto a las instituciones que garantizan la democracia.
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En febrero de 2020, el presidente de la República irrumpió en la Asamblea Legislativa acompañado del Ejército, para exigir a los diputados de la anterior gestión aprobar la negociación de $109 millones de dólares para financiar el Plan Control Territorial. Un plan de seguridad cuestionado, pues el 18 de diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó las negociaciones del gobierno de Bukele con las pandillas e impuso sanciones al viceministro de Seguridad, Osiris Luna y al Director del Tejido Social, Carlos Marroquín por propiciar esas negociaciones.
Pero además, la nueva Asamblea, que ganó la mayoría de curules gracias a la campaña que llevaba por símbolo la “N” de Nayib, destituyó en su primer día de legislatura a las cabezas de la Corte Suprema de Justicia, y al Fiscal General, Raúl Melara; este último investigaba al gobierno por las supuestas negociaciones con las maras.
Aunque los homicidios han bajado durante el gobierno de Bukele, hay fechas en las que repentinamente superan los 20 diarios. El antropólogo sociocultural, Juan Martínez d’Aubuisson, sostiene que esa es “la forma clásica de comunicación entre el Estado y las pandillas”. Y dado que la seguridad ha sido un factor histórico en la migración, las tendencias actuales pueden indicar que esa causa de migración no ha cambiado.
De 17,165 migrantes salvadoreños detenidos por la Patrulla Fronteriza en el año 2020, el número casi se quintuplicó llegando a 98,690 en 2021. Lo que equivale a un crecimiento porcentual del 475 % respecto a 2020.
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“El término no existe: migración política, pero la gente sale, cuando no mira una opción hacia el futuro en su país. Y la decisión de migrar es una decisión estrictamente política”, agrega Orozco.
Una encuesta que llevó a cabo el experto en migración y remesas revela que “la intención de migrar está estadísticamente correlacionada con el peligro que (los encuestados) ven en la concentración del poder del presidente”.
¿Qué puede hacer el Estado ante el incremento de migrantes? Orozco considera que primero hay que abordar los problemas que han generado la migración. Luego poner atención al tema humanitario, es decir, a las condiciones de la población migrante en el momento que se están moviendo: la atención médica, la atención alimentaria y la atención legal.
No obstante, César Ríos, director del Instituto Salvadoreño del Migrante, asegura que el año 2021 finaliza una vez más sin políticas migratorias, y además, “con la improvisación de proyectos y programas que no reflejan una comprensión directa de las realidades migratorias del país”.
“Hay ausencia de políticas migratorias tanto en Estados Unidos como en los países de origen de la migración. (…) Esa lucha interna del presidente Biden ante intereses políticos llevó a finalizar el año sin acuerdos concretos. La frontera sigue cerrada, los mecanismos ágiles de solicitud de asilo no avanzaron”, agregó.
En ese vaivén de medidas, hay migrantes como Jerry Felipe Fuentes, un hondureño de 22 años, de madre salvadoreña, que tras huir de las pandillas perdió su pie en un accidente de tren cuando se dirigía a Estados Unidos. Fuente llevaba 43 días de camino al momento del accidente. El joven salió el 15 de noviembre de San Pedro Sula, en el noroeste de Honduras. Hace tres años sufrió la presión de las pandillas para que se les uniera, él se negó, fue amenazado y lesionado. Finalmente, decidió huir. “En Honduras sí hay trabajo… Si uno busca encuentra. Yo no encontré. Me vine para acá, a ver si me superaba… Ahora va a ser un poco más complicado”, dice Jerry Felipe desde la cama de hospital donde permanece en México mientras se recupera.
El Antropólogo e investigador Jaime Roberto Rivas, recuerda que durante la pandemia se han ocurrido pérdida de fuentes de empleo y medios de sustento; encarecimiento del costo de la vida; cambios aún no medidos en los sistemas educativo y de salud; cambios en los patrones de violencia e inseguridad, como de la violencia doméstica y el control de las pandillas en amplios territorios. Por todo lo anterior, considera que “era de esperarse que en 2021 se diera un repunte en las cifras de aprehensiones, detenciones, deportaciones y solicitudes de refugio y/o asilo por parte de salvadoreños”.
Tanto Rivas como Óscar Chacón, de Alianza Américas, consideran que ninguno de los gobiernos anteriores ni el actual han tomado medidas que contengan el flujo de emigrantes salvadoreños hacia Estados Unidos y otras partes del mundo.
En palabras de Chacón: “Ningún gobierno salvadoreño de las últimas cuatro décadas ha tenido la visión y el compromiso de dar los pasos serios y concretos que se deberían haber tomado desde hace mucho tiempo para que El Salvador diera un giro dramático en la dirección de convertirse en un país de donde nadie o muy poca gente considere la emigración como el mejor proyecto para satisfacer sus aspiraciones básicas de vida digna y segura. En este sentido, el gobierno actual, tampoco es una excepción”.