El comisionado Mauricio Arriaza Chicas, cuyo nombre suena desde los inicios de la Policía Nacional Civil (PNC), institución que surgió tras los Acuerdos de Paz de 1992, volvió a sonar, ahora, por la acusación que le hace la Fiscalía de haber cometido los delitos de “incumplimiento de deberes” y “desobediencia”, consignados en los artículos 321 y 322 del Código Penal.
El actual director de la Policía es recordado por pertenecer a la primera generación de oficiales, que surgieron en los albores de la institución que nacía con un espíritu civil y de quitar el estigma de represión que durante la guerra tenían los cuerpos de seguridad en el país.
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En la hoja de vida profesional que la corporación policial ha colgado en su sitio web oficial señala que tiene más de 25 años de ser policía de carrera. Se ha desempeñado como subdirector de Tránsito Terrestre, de Seguridad Pública y de Áreas Especializadas de la Policía. También ha estado al frente de delegaciones de policía en San Miguel, Usulután, Ahuachapán y jefe de la Región Metropolitana; entre otras dependencias.
Además, formó parte de los oficiales depurados de la institución en 2000, pero tres años después fue reinstalado por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Más de 20 años después de esos inicios, el comisionado Arriaza Chicas deberá enfrentar los tribunales para responder por los delitos que le señala la Fiscalía y del cual él se ha dicho inocente ante la comisión de Antejuicio de los diputados que estudiaban si procedía o no su desafuero, porque aunque el cargo de director de la Policía no tiene fuero sí lo tenía el cargo de viceministro de Seguridad, el cual desempeñaba ad honorem desde octubre, cuando el presidente Nayib Bukele anunció el nombramiento.
Al ser viceministro, Arriaza Chicas no podía ser confrontado en un tribunal, porque la Constitución así lo establece.
Por eso, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Asamblea Legislativa el retiro del fuero con el requerimiento fiscal.
En una instancia de este tipo, los diputados no juzgan al funcionario señalado, sino que a manera de un juzgado, nombran fiscal, y solicitan un defensor al acusado. La comisión solo debe establecer si hay suficientes elementos de juicio para retirar el fuero y que el señalado pueda defenderse como el resto de ciudadanos ante los tribunales comunes.
Arriaza Chicas es señalado por la Fiscalía de no obedecer el mandato de la Asamblea Legislativa que ordenó a la Policía llevar “por apremio”, es decir, con custodia policial a los funcionarios o personas que hayan sido citadas por los diputados en al menos tres ocasiones y no hayan asistido.
Ahora, la Fiscalía pude seguir con el caso en los tribunales.