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Mauricio Alarcón, politólogo ecuatoriano, sobre El Salvador: "Las instituciones débiles permiten la corrupción"

El experto en temas anticorrupción destaca que El Salvador ha descendido considerablemente en el indice que mide la percepción de la corrupción a nivel regional.

Por Milton Rodríguez | Nov 20, 2021- 21:03

Edificio Ministerio de Gobernación. EDH

Las instituciones débiles permiten la corrupción en la sociedad porque no cumplen con su rol de vigilar lo que los funcionarios públicos hacen con los recursos de la ciudadanía.

Así lo afirmó, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador en su ponencia “La Corrupción: ¿germen o consecuencia de la debilidad institucional” La influencia de la pandemia”, organizada por Fusades.

Explicó que “existe una relación directa entre corrupción y debilidad institucional, aunque mucha gente no lo quiera ver y pueda pensar incluso que estamos frente a criterios subjetivos y personales”.

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 Al respecto, consideró que bastaría con revisar el índice de estado de la corrupción y el índice de Estado de derecho para ver que, países mejor evaluados en institucionalidad y respeto al Estado de derecho están a favor y con mejores niveles de transparencia.

“Países como El Salvador y Ecuador lamentablemente, a la par que descienden en un índice de Estado de derecho, descienden en un índice de la percepción de la corrupción”, subrayó el experto.

Además, indicó que estas acciones no son nuevas. “El fenómeno es viejo. Instituciones débiles, son probablemente, una de las puertas de entrada fijas para que la corrupción permee en la sociedad”.

Su opinión la argumentó en que, en las sociedades con instituciones debilitadas, las entidades de control “no cumplen con su rol de vigilar lo que los funcionarios públicos hacen con los recursos que nos pertenecen a los ciudadanos”. Esto debido a que existe una relación directa, entre quien los nomina, entre quien los nombra en sus cargos.

“Una contraloría general del Estado, un órgano contralor que tenga una relación impetuosa con la función ejecutiva, difícilmente va a controlar lo que un presidente o su grupo de ministros hagan con los recursos que nos pertenecen a los ciudadanos”, señaló.

El ponente explicó que en Ecuador se ha visto la forma subjetiva y selectiva cómo se investigó a un funcionario que ahora está prófugo. En relación a esa experiencia de su país reafirmó: “esas instituciones que no se basan en normas, no respeten el Estado de derecho y que simplemente giran en torno a una persona, permean hábilmente la corrupción”.

“Si no vamos al control previo o inmediato, sino posterior y definitivo, podremos ver que contar con instituciones cooptadas a nivel de justicia, bien sea fiscalía o autoridades constitucionales, no son sino la llave que perpetúa la impunidad”, apuntó el politólogo.

Corrupción y Estados de excepción.

El ponente ecuatoriano analizó el impacto que ha tenido la debilidad institucional y el Estado de excepción para la relación de corrupción y pandemia. En primer lugar, destacó que en la región los gobiernos siguen manejando los Estados de excepción a discrecionalidad.

En relación a eso hizo un recordatorio. “Para los que formamos parte de Transparencia Internacional recordamos esa frase del director de programas globales de salud, que nos decía que ‘el mundo pasó a vivir dos pandemias: la pandemia del covid-19, relacionada con la salud y un fuerte rebrote de la pandemia de corrupción’”, dijo.

Añadió: “Cuando creíamos que lo habíamos visto todo en materia de corrupción aparecieron sujetos con la genialidad suficiente para inventarse nuevas formas de hacer corrupción”.

¿Cuál fue el efecto inmediato de esta relación entre corrupción y pandemia? Cuestionó. Respondió que, “en primer lugar, la falta de información y datos sobre el manejo de la crisis de salud, nadie sabía qué estaba pasando en un país como el mío donde se nos distorsionaba la realidad con las cifras de enfermedad y de muerte, respecto a la atención médica, respecto incluso al número de funcionarios de salud que estaban atendiendo la emergencia”.

En ese mismo sentido, puntualizó que se han dado restricciones de hecho o de derecho del acceso a la información pública.

“Ese abuso del Estado de excepción, si bien es cierto que en estas circunstancias se tiene que analizar los mensajes a través de ciertos puntos, bajo ningún concepto se puede y se debe permitir que se restrinja el acceso a la información pública, más información y datos de los ciudadanos que son vitales”, planteó.

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También enfatizó que la opacidad hace posible la corrupción. En relación a eso dio como ejemplo la aplicación de cápsulas de confidencialidad para algunos procesos como la compra de vacunas y otros.

“La urgencia en dar una salida a la situación de salud hizo que nuestros gobiernos firmen cualquier cosa por parte de los laboratorios, violando nuestra constituciones y leyes, pero esto no ha sido una nueva forma de corrupción, se necesita un acuerdo formal y especular con precios al margen de la ley es una forma de corrupción”, comentó.

Atacar la corrupción desde la cultura

Marta Lagos, directora de Corporación Latinobarómetro también participó en dicho foro y aportó al análisis sobre la corrupción en los países latinoamericanos.

A su juicio, la corrupción debe ser abordada desde la transparencia, pero también “desde el punto de vista cultural, es decir, desde el punto de vista de cuáles son las bases del Estado, para qué sirve el Estado, para qué sirven los gobiernos, para trabajar para ellos o para las mayorías”.

Ella consideró que en América Latina no es que ha aumentado la corrupción, sino que lo que han aumentado son los mecanismos de transparencia que permiten medir la corrupción.

Pero, ¿en qué lugar quedan entonces las leyes anticorrupción? La experta lo aclara puntualmente. “Si no se cambia en la región la posición sistemática del tema de la sospecha de corrupción, abuso de poder y demás, no se avanzará por mucho que haya avances en leyes anticorrupción”, razonó.

¿El Salvador es democrático?

La investigadora Lagos hizo referencia al último informe de Latinobarómetro que fue publicado hace algunos meses y donde se mide los niveles de democracia en los países de la región.

“En el informe señalamos tres categorías de países. Uno, los que están tratando de consolidar su democracia; otro, los países vulnerables que pueden en el futuro aceptar posiciones populistas como puede ser Guatemala, Honduras etc; y finalmente, están los países que ya pasaron a ser autócratas, con gobernantes autócratas, donde se transgrede a través del abuso de poder, se transgrede las reglas de la democracia, países dejan de ser democracias activas y pasan a ser autocracias”, explicó.

En esa categorización señaló que “El Salvador este año ya pasó ese umbral y desgraciadamente pasa a tener una condición de autocracia”.

Por su parte, Alberto Precht, director ejecutivo del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional habló de los alcances de la corrupción durante la pandemia.  Al analizar sobre “el dinero sucio” explicó que la pandemia es una oportunidad muy importante para el lavado de activos, porque ha habido una tendencia  a la tecnología sin medidas de mitigación establecidas. “Claramente corren esos riesgos políticas como la del bitcoin, existe un análisis a nivel global y claramente puede facilitar el lavado”, concluyó.

Cuatro aspectos clave

Expertos explican porqué las instituciones débiles facilitan la corrupción.

Más transparencia, menos corrupción
Expertos señalan que en el índice de corrupción y de Estado de derecho se evidencia que los países mejor evaluados en institucionalidad y respeto al Estado de derecho son los que están a favor y con mejores niveles de transparencia.

Instituciones debilitadas no cumplen su rol de vigilar
En las sociedades con instituciones debilitadas, las entidades de control no cumplen con su rol de vigilar lo que los funcionarios públicos hacen con los recursos que pertenecen a los ciudadanos, debido a que existe una relación directa, entre quien los nomina o los nombra en sus cargos.

Instituciones cooptadas e impunidad
Los ponentes destacaron que que contar con instituciones cooptadas a nivel de justicia, bien sea fiscalía o tribunales constitucionales representa la llave que perpetúa la impunidad.

Información publica
Enfatizaron que bajo ningún concepto se debe permitir que se restrinja el acceso a la información pública, particularmente la información y datos de los ciudadanos  que son vitales.

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