Tras la denuncia de los defensores de las víctimas en el proceso judicial por la masacre de El Mozote de que la
parte fiscal ha solicitado apartar al juez Jorge Guzmán del caso, la Fiscalía informó ayer en la tarde que ha abierto
una investigación a los fiscales por esa actuación.
"Sobre la recusación del juez asignado al caso de El Mozote, siendo que la unidad correspondiente no informó
previamente sobre dicha petición, se ha abierto un proceso de auditoría con el fin de investigar la actuación
de los fiscales", anunció el Ministerio Público en su comunicado.
David Morales, defensor de las víctimas en el caso El Mozote, y Antonio Aguilar, abogado de la organización Cristosal, habían denunciado por la mañana sobre la petición fiscal en contra del juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán.
Morales dijo que estaban sorprendidos de que ni siquiera fueron los defensores de los acusados de haber perpetrado la masacre en El Mozote los que hacían tal petición.
"Llama la atención que ni siquiera han sido los defensores de los acusados sino la Fiscalía la que esté impulsando está acción de recusación contra el juez Guzmán. Esta acción no ha sido consultada con las
víctimas", denunció Morales.
Con esta acción, Fiscalía solo afecta el proceso, por lo que hizo un llamado al Fiscal General a que "revise esta
acción y corrija esta pretensión", añadió Morales.
Antonio Aguilar dijo que no hay "un motivo jurídico suficiente" para que Fiscalía tome "una decisión tan significativa" contra el juez quien llevado el caso dentro del marco legal e internacional. Además con esa acción, Fiscalía solo entorpecería el proceso.
Sobre la otra denuncia de que Fiscalía también quiso impedir el nombramiento de Paloma Soria Montañez, propuesta por el lado de las víctimas como perita en la materia, Fisalía confirmó esta solicitud.
"La Fiscalía como garante de la legalidad y comprometida con la protección de los derechos de las víctimas de la masacre en El Mozote reitera la petición de revocatoria del nombramiento de una perito propuesta por la parte querellante del proceso, en razón de que no ha acreditado legalmente la idoneidad para el cargo, lo cual pone en riesgo el valor probatorio del peritaje", sostuvo la Fiscalía.
Los abogados de las víctimas expresaron su preocupación porque este tipo de acciones fiscales solo dilatan el proceso, al tiempo que destacaron que por la actuación de Guzmán ha avanzado el caso.
El Juez Guzmán ha tenido varios contratiempos y obstáculos en esta investigación, una de ellas ha sido la negativa del gobierno de Nayib Bukele de que acceda a los archivos militares en diferentes guarniciones, entre ellas la del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, una acción que ha sido calificada como un claro desacato
a una autoridad judicial.
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El objetivo del juez era recabar información que pidiera servir de evidencia en el proceso que se ventila en San
Francisco Gotera a fin de esclarecer la masacre de más de 900 personas, entre ellos niños, en diciembre de
1981 en El Mozote y sitios aledaños.
El último escollo que tuvo el juez Guzmán fue hace un mes cuando el Arzobispado de San Salvador se negó,
en primera instancia, a abrir sus archivos alegando una sentencia de la Sala de lo Constitucional que le daba a
ellos el derecho de custodia y por el respeto a las víctimas; sin embargo, el hecho fue esclarecido y las
autoridades de la Iglesia Católica accedieron a que ingresaran Guzmán y demás autoridades.