“No se nos ha entregado ninguna información. Los expedientes o archivos que el señor Presidente dijo extrajo de diferentes unidades militares, en ningún momento los ha hecho llegar”.
Así de categórica fue la respuesta del juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, Jorge Guzmán a la oficial del Ejército que estaba en la entrada de la Brigada de Artillería en San Juan Opico, La Libertad.
Ella le dijo al juez que el presidente Bukele había enviado la información que requería sobre la masacre El Mozote ocurrida en diciembre de 1981.
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El 24 de septiembre pasado, Bukele aseguró en conferencia de prensa que había “desclasificado” toda la información relacionada a la matanza que era archivada por la Fuerza Armada.
En esa conferencia, Bukele presentó cinco cajas que supuestamente contenían esa información y que según él había enviado al juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera. Este tribunal procesa a un grupo de exaltos jefes militares como responsables de la masacre.
La oficial, quien se negó a identificarse a pesar de que el juez Guzmán le pidió su nombre, le dijo que no lo podía dejar pasar porque no habían sido notificados de que llegaría el juez y la comitiva.
Guzmán le respondió que se había notificado con anticipación a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa.
Era la cuarta vez que la Fuerza Armada le impide al juez tener acceso a los archivos militares relacionados con el caso de El Mozote.
Guzmán le recordó a la oficial que las órdenes judiciales son de estricto cumplimiento para “la institución armada y en todas sus líneas de mando”.
Agregó que “sería actuar apegado a derecho el hecho de que nos permitan el ingreso a la unidad militar para poder realizar nuestra diligencia. Aquí lo que se trata es del esclarecimiento de estos hechos”.
A juicio del funcionario, el proceso judicial no es contra la Fuerza Armada sino que contra personas que amparadas en cargos que ocuparon en la institución armada “cometieron algunos hechos violatorios de los derechos humanos”.
Señaló que “estamos haciendo esto por las víctimas, no por los acusadores ni la Fiscalía, sino que las víctimas son el centro de este proceso”.
Negaron ingreso por existir información “secreta”
Un día antes se le impidió el ingreso al juez Guzmán a la Segunda Brigada Aérea situada en Comalapa. En esta guarnición militar, el juez Guzmán fue atendido por el capitán Carlos Escobar acompañado de una joven que aseguró ser la jurídico de la guarnición, pero que no se identificó.
El juez Guzmán les explicó el motivo de su presencia en el referido lugar y la comitiva que lo acompañaba. Le pidió al capitán que gestionara ante su superior el ingreso y poder realizar la inspección de los archivos militares relacionados a la matanza y que podrían existir en esa base aérea, de acuerdo a la resolución judicial del 15 de junio pasado.
El capitán Escobar dijo que la referida unidad aérea fue creada el 31 de julio de 1986 y entró en funcionamiento hasta el año de 1987, por lo que no se resguardan documentos de la época en la que sucedió la masacre, sino documentos de esos años en adelante.
Argumentó que la documentación que ahí se resguarda tiene carácter de secreta, según el artículo 168 de la Constitución.
Ante esa afirmación, el juez Guzmán le recordó que la Sala de lo Constitucional reafirmó que la información relacionada a la masacre El Mozote no es secreta y que se debe de tener acceso a ella para esclarecer lo sucedido en la masacre de El Mozote.
Para este día se tiene programada la inspección de los archivos militares que puedan existir en el Archivo General de la Nación que está en el Palacio Nacional.
El acusador particular, David Morales, dijo que han pedido al juzgado de San Francisco Gotera que envié cada una de las actas en las que constan que les han sido negados los ingresos a distintas guarniciones militares a la Fiscalía General para que abra una investigación en contra del Presidente de la República y del Ministro de Defensa.
“Esperamos que en algún momento, obviamente, esto trascienda a en antejuicios contra el Presidente y el Ministro de Defensa”, dijo Morales.
Agregó que esos funcionarios han cometido actos arbitrarios porque evidentemente es un acto ilegal no permitir el acceso a los archivos; incumplimiento de deberes, desobediencia y encubrimiento.
La negativa de permitir el ingreso a las instalaciones militares a la autoridad judicial, en este caso, el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, se repite a pesar de que este lunes la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró improcedente un recurso del Ministerio de Defensa para detener las inspecciones en los archivos militares.
La Sala determinó que “no se advierte” de qué manera la exhibición de archivos relacionados con la masacre ponga en riesgo la seguridad del Estado, ya que el objeto del proceso penal “es la búsqueda de la verdad” sobre la masacre.
El pasado 21 de setiembre el juez no pudo acceder a los archivos del Estado Mayor de la Fuerza Armada, y el 12 de octubre se le impidió ingresar a los archivos de la Fuerza Aérea en San Salvador.
Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados del ahora proscrito Batallón Atlacatl del Ejército ejecutaron a 986 personas, entre ellas 558 niños, en El Mozote y comunidades adyacentes por sospechas de que colaboraban con la entonces guerrilla izquierdista.
FOTOS: Militares niegan información a juez de caso masacre El Mozote por cuarta vez