A juicio de Guzmán, exjuez de Instrucción de San Francisco Gotera y quien llevaba el caso El Mozote hasta que fue sustituido el pasado 23 de septiembre, dice que jefes de gobierno llegan incluso a la zona de la masacre a “prometer una cosa y otra”, pero que no se han interesado en que se descubra la verdad de lo que pasó el 11 de diciembre de 1981 y que el mandatario actual no ha sido la excepción.
“Han llegado incluso (gobernantes) a hacer obras de infraestructura tratando de que las víctimas no sigan con ese anhelo de que se haga verdadera justicia”, dijo el exjuez en una entrevista en Radio YSUCA.
Para Guzmán, el caso ha avanzado hasta donde está ahorita, en etapa de instrucción, porque así lo ha ordenado la Corte Interamericana de Justicia, según sentencia de 2012, y por la lucha decidida de los familiares de las víctimas, pero que en reacción, los gobiernos solo han hecho “cuestiones cosméticas”.
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De hecho, ayer Bukele llegó a El Mozote con bastante atraso y con un nutrido grupo de militares y empleados públicos que desmantelaron incluso un pequeño local donde se vendía artesanías y hortalizas.
Según Guzmán, durante la firma de la paz, en 1992, los dos protagonistas de la guerra “como si se pusieron de acuerdo para no causarse daño el uno al otro” y de allí se deriva una falta de interés en investigar este y otros casos ocurridos en la guerra, pues el Ejército y el FMLN violaron derechos humanos.
“A decir verdad ha existido una política de encubrimiento que ha perpetuado la impunidad en estos casos. No solo una política de encubrimiento para actores del ejército salvadoreño que cometieron este tipo de casos, sino también para actores del FMLN que también participaron en hechos violatorios de derechos humanos durante el conflicto armado”, dijo Guzmán.
Pero de todos los gobiernos que han devenido desde los Acuerdos de Paz, Guzmán dice que el de Bukele es el que más ha mostrado esa cara de encubrimiento: “En este gobierno que tenemos actualmente es donde más se ha evidenciado esa política de encubrimiento”.
El avance, pese a los obstáculos
Guzmán dejó el caso tras ser sustituido de forma ilegal, luego de que la Asamblea Legislativa obligó a retirarse a los jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio, sufrió en carne propia la resistencia del gobierno de Bukele en colaborar en aclarar este caso.
Guzmán recordó ayer las veces en que le impidieron ingresar a las sedes militares, en 2020, para revisar los archivos militares e incautarse de documentos como planes militares de la época que ayudaran a fortalecer la investigación y a esclarecer por qué montaron el operativo militar que derivó en una matanza que incluyó a niños.
Tras los cuestionamientos hacia el gobierno por esta falta de apoyo y al incumplimiento de la promesa de campaña de Bukele de apoyar la búsqueda de la verdad, el mandatario defendió la decisión de no dejar entrar al juez alegando que se ponía en riesgo la seguridad nacional.
Guzmán tampoco dejó de lado el señalamiento hacia la Corte Suprema por su falta de interés, mismo que, dijo, muestra la Fiscalía al nombrar tan pocos fiscales para un “caso gitantesco” como El Mozote.
Guzmán también hizo un recuento de otros obstáculos como las maniobras para dilatar el proceso, tales como tres peticiones de recusarlo (apartarlo) de la defensa de los imputados (13 exjefes militares) y hasta el intento de hacerle un antejuicio por supuesto prevaricato.
Pero el caso avanzará, dijo el exfuncionario, pues lo respaldan la sentencia de la CIDH, la derogatoria que hizo la Sala de lo Constitucional de la Ley de Amnistía y la lucha férrea de las víctimas de la masacre.
Ahora el proceso está a cargo de una jueza que deberá empaparse de un caso denso. Según Guzmán, la funcionaria está usurpando su cargo pues, a la luz de la ley, él sigue siendo juez de Instrucción de San Francisco Gotera.
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Víctimas tuvieron que ir a CIDH
Hoy se cumplen 40 años de la masacre perpetrada por el ejército en Arambala, Meanguera, El Mozote, Ranchería, Jocote Amarillo, Los Toriles, La Laguna, La Joya, Cerro Pando y Cerro Ortiz, en el norte de Morazán. Una de las sobrevivientes y testigos que acudió a declarar ante la CIDH, Dorila Márquez, explicó que el caso fue llevado a instancias internacionales pues en El Salvador siempre se negó que el ejército hubiera ejecutado una masacre y siempre se dijo que se trataba de “fuego cruzado”.
“Tuvimos que buscar justicia afuera porque en El Salvador nunca nos hicieron caso”, respondió Dorila cuando la periodista y activista de derechos humanos Celia Medrano le preguntó ayer en su programa radial de entrevistas por qué el caso se llevó ante la CIDH.
Los habitantes de los sitios de la masacre se preparan para conmemorar desde esta mañana el 40 aniversario de la masacre con actos religiosos y culturales. El primer acto de conmemoración tuvo lugar ayer en La Joya. Hoy, en la plaza central de El Mozote, será el acto más grande, con la presencia de sobrevivientes y habitantes de todos los caseríos que fueron arrasados antes y después de que el ejército llegara a El Mozote.