El ministro de Defensa, René Merino Monroy, desvinculó al Ejército de la búsqueda de justicia por la masacre de 1,000 campesinos en El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981, según la agencia Efe que cita un documento que envió el funcionario a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Esta institución no había tenido acceso en dicho caso, en vista que, por el objeto de referida causa penal la Fuerza Armada de El Salvador no es parte y tampoco puede considerarse que tiene interés directo en el fin último que se persigue mediante la misma”, escribió Merino Monroy en la misiva.
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Esta es la primera ocasión, al menos en la última década, que un ministro de la Defensa señala abiertamente que el Ejército no comparte el interés de que se determinen responsabilidades por esta masacre, señala Efe.
Ministro asegura que no Ejército no está obligado a acatar fallos judiciales
Merino Monroy señala en la misiva que la institución armada no está obligada por ninguna legislación a acatar los fallos judiciales por este crimen de guerra, según el documento.
Puso en entredicho la competencia del juez instructor y señaló que, a su juicio, la legislación derogada que se aplica en el proceso y que estaba vigente al momento de la masacre no tiene efecto sobre el Ejército.
“Se considera que, no siendo parte procesal en el caso que nos ocupa, a esta institución no podrían aplicarse los parámetros contenidos en la normativa penal derogada”, sostuvo.
Agrega en la misiva que “este Ministerio no está obligado a cumplir una decisión judicial sin un sustento judicial vigente”, subrayó Merino y añadió que debe “aplicarse directamente lo dispuesto por la Constitución”.
Lo anterior en referencia a una prohibición de la Constitución de revelar planes militares secretos a la Asamblea Legislativa y citó que este tipo de disposiciones vienen desde la Constitución de 1962, según Efe.
La misiva expone algunos puntos que el ministro de la Defensa y su superior, el presidente Nayib Bukele, no han abordado públicamente sobre la posición de los uniformados frente al proceso que enfrentan mandos militares retirados por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En el documento, emitido el 7 de septiembre y conocido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el día 10, Merino pide que se suspenda una diligencia de inspección de archivos militares ordenada por el juez de la causa, Jorge Guzmán, misma que el Ejército terminó bloqueando el 21 de septiembre.
Los magistrados desecharon la solicitud y advirtieron a Merino que, según pudo constatar Efe en un acta de la CSJ, debía acatar la orden judicial, pero no fueron escuchados.
A pesar de la advertencia de los magistrados, 21 de septiembre pasado, la Fuerza Armada impidió que el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, Jorge Guzmán, inspeccionara los archivos militares relacionados con la masacre de El Mozote.
La diligencia judicial estaba programada que se iniciara el 21 de septiembre pasado en el Estado Mayor de la Fuerza Armada y se extendiera por dos meses a otras guarniciones militares ligadas a la masacre.
La oposición del gobierno de Bukele de permitir el ingreso de las autoridades judiciales a verificar los archivos militares relacionados a la matanza, le acarreó numerosas críticas y cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales.
En una nueva resolución, el juez Guzmán reprogramó la diligencia para mañana, 12 de octubre, que inicialmente se haría una semana antes, es decir , el 5 de octubre.
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